La propuesta desregulatoria de la Marina Mercante, encarada por el ministro Federico Sturzenegger, llegó al congreso ante la evidencia de los daños irreparables que podría generar a la soberanía nacional.
Mas de una docena de diputados suscribieron una resolución expresando esa «preocupación» por lo que sería un serio daño a nuestra Marina Mercante «La experiencia histórica nos demuestra que las políticas de desregulación aplicadas en la década de 1990 resultaron contraproducentes para el sector. Un ejemplo paradigmático es el Decreto 1772/91, que condujo a la desaparición de los buques de ultramar argentinos dedicados al transporte de carga general y contenedores, entre otros«, expresa entre sus fundamentos la resolución.
Los legisladores, entre los que se destacan Marcela Passo, Carolina Yutrovic, Eduardo Toniolli, Carlos Castagneto, Martin Aveiro, o Santiago Cafiero, manifestaron «Argentina llegó a contar con una de las mayores flotas del mundo, solo en el caso de E.L.M.A. (Empresa Líneas Marítimas Argentinas) con más de 60 buques. Sin embargo, luego de las políticas aplicadas en los años 90, la Argentina llega a la actualidad sin un solo buque que realice tráfico internacional. En la práctica, se produjo un desequilibrio en el mercado en el que opera la industria naval, con el impacto negativo en dicho sector».
Según los diputados «El Decreto 1772/91 no logró los resultados esperados, provocando la pérdida de puestos de trabajo para marinos argentinos y equiparando las condiciones laborales de las tripulaciones nacionales con las de los buques de bandera extranjera».
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«Tanto la actividad naviera nacional como la industria naval son pilares fundamentales de los intereses marítimos argentinos, y resultan claves para el desarrollo económico nacional mediante la generación de fletes y la ocupación de mano de obra, tanto a bordo de los buques como en la industria naval por sus conocidos efectos multiplicadores, capaces de producir ingresos por la exportación de bienes y servicios» continuaron.
En una dura crítica a Sturzenegger sin nombrarlo, expresan «Vemos que las expresiones realizadas por integrantes del Gobierno Nacional llevan un riesgo profundo de desarticulación del sistema de relaciones laborales en el sector marítimo, favoreciendo intereses corporativos en detrimento de las garantías fundamentales de los trabajadores. Dentro de los puntos que integra la reforma del Gobierno Nacional se declara al transporte marítimo y fluvial como servicio esencial restringiendo el derecho a huelga, con la exigencia de cobertura mínima de un 75% del servicio durante conflictos colectivos. Por otro lado, el proyecto de decreto flexibiliza los contratos de embarque permitiendo excluir normativa laboral nacional, abriendo la puerta a contrataciones bajo leyes laborales extranjeras. El tema central está referido a la firma de contratos sin ser sometidos a convenios colectivos locales ni a regímenes de estabilidad o de seguridad social obligatoria«.
Los fundamentos de la resolución, a la que que se agregan los Diputados Cristian Zulli, Sabrina Selva, Pablo Todero, Nancy Sand, Gustavo González, Gabriela Pedrali, Micaela Moran, Lorena Pokoik y Andrea Freites, resaltaron para finalizar que «resulta de vital importancia para el país, dado que el 95% del comercio argentino se realiza por vía acuática, el sostenimiento de una flota de bandera tripulada con nacionales para brindar mínimamente los servicios indispensables que nuestra Nación requiere».