En un pronunciamiento de 25 fojas, la jueza federal hizo lugar a la medida cautelar innovativa y urgente solicitada por la Fundación Agustina Lerena —presidida por el experto en Atlántico Sur y pesca, Dr. César Augusto Lerena, con el patrocinio del constitucionalista Dr. Eduardo Salvador Barcesat— y ordenó a 12 gigantes pesqueros radicados en España y a 7 sociedades mixtas hispano-isleñas abstenerse de capturar, procesar a bordo, transbordar o descargar recursos vivos marinos en el mar territorial y en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina en torno a Malvinas, además de prohibirles iniciar nuevas mareas o incorporar nuevos buques.
El juzgado Federal de Río Grande solicitó antecedentes sobre permisos y cuotas de las firmas nacionales investigadas, para las cuales la legislación pesquera contempla la caducidad ante vinculaciones prohibidas.
La jueza federal Mariel Borruto ordenó el pasado 6 de noviembre de 2026 que las compañías extranjeras alcanzadas se abstengan de pescar sin habilitación argentina en el mar territorial y la Zona Económica Exclusiva, incluidas las aguas de Malvinas hasta las 200 millas. La medida corresponde al expediente FCR 16446/2026, difundido a través de la Fundación Agustina Lerena, impulsora de la demanda.
Industrias «El Corsario S.A.»
Según informó el medio especializado Pescare, la restricción comprende las capturas, su procesamiento a bordo, los transbordos y las descargas. Abarca también nuevas mareas, temporadas e incorporación de embarcaciones, tanto en operaciones directas de las sociedades demandadas como mediante buques propios, fletados o bajo su gestión.
Las medidas alcanzan a las empresas españolas: Armadora Nores/Pesquerías Nores Marín, Armadora Pereira, Chymar/Grupo Touza, Copemar, Lafonia Sea Foods/Frigoríficos del Morrazo, Marfrío, Pescapuerta, Pesmar/Pesquerías Marinenses, Pesquera Moradiña, Pesquera Vaqueiro/Pesca Baqueiro, Rampesca/Grupo Lanzal y WOFCO.
La orden es provisional y se mantendrá hasta que las empresas obtengan autorización argentina o el tribunal disponga otra cosa. Su ejecución frente a las sociedades extranjeras depende de las notificaciones y de los mecanismos jurídicos aplicables.