El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de Paraguay, que encabeza Rodolfo Segovia Colmán, a través de la Dirección de Marina Mercante, reiteró su posición que sostiene que la República de Argentina “viola abierta y libremente” el Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay – Paraná al cobrar una tasa de peaje a las naves de carga.
Según los funcionarios paraguayos, lo apuntando guardaría relación con lo expuesto en el Artículo 5 del mencionado acuerdo, el que indica que “sin previo acuerdo de los países signatarios, no se podrá establecer ningún impuesto, gravamen, tributo o derecho sobre el transporte, las embarcaciones o sus cargamentos, basados únicamente en el hecho de la navegación, al no tener el acuerdo de todos los países miembros”.
Lo mismo ocurriría con el Artículo 6, el que expone que “en todas las operaciones reguladas por el presente Acuerdo, los países signatarios otorgan recíprocamente a las embarcaciones de bandera de los demás países signatarios idéntico tratamiento al que conceden a las embarcaciones nacionales en materia de tributos, tarifas, tasas, gravámenes, derechos, trámites, prácticamente, pilotaje, remolque, servicios portuarios y auxiliares, no pudiéndose realizar ningún tipo de discriminación por razón de la bandera” afirma desde el ministerio.
Además, se mencionaron los artículos: 7 “Igualdad de Oportunidad”, 13 “Embarcaciones de Hidrovía”, donde también se establecen condiciones de igualdad competitiva.
La Dirección de Marina Mercante, dependiente del Viceministerio de Transporte, es el órgano asesor del Poder Ejecutivo en la actividad naviera comercial y autoridad de Registro de Bandera, por lo que, recomendó “aplicar lo establecido en el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, el apartado ‘Solución de controversias’, la aplicación de los puntos mencionados en el Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay – Paraná”, acotó el MOPC.
Antecedentes
El ministerio paraguayo indicó que “el Ministerio de Transporte de la República Argentina, emitió la Resolución N.º 625/2022, de fecha del 30 de septiembre de 2022, por la cual se establece un peaje para el tránsito internacional de embarcaciones de carga en el tramo del río Paraná, comprendido entre el Puerto de Santa Fe y la Confluencia con el río Paraguay en concepto de dragado del río Paraná, tramo que se encuentra sujeto al régimen jurídico internacional del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra sobre Transporte Fluvial”.
La medida fue adoptada por el gobierno argentino de modo a garantizar la navegabilidad del tramo, con sistema de señalización, etc.
“Ante esta situación, la delegación de Paraguay representada por la Cancillería Nacional, en primer término, solicitó la suspensión de la disposición por el plazo de 180 días y además reclamó que, no se puede establecer peaje al no tratarse de una tasa retributiva por servicios efectivamente prestados”, agregó la entidad paraguaya.
“No obstante, hasta el momento no se tuvo respuesta a dicha solicitud e incluso, recientemente, un buque remolcador de bandera paraguaya, quedó retenido por no pagar el peaje, pero finalmente, la empresa fluvial tomó la decisión de pagar lo exigido y fue liberado”, concluyó.
Finalmente, desde el MOPC se puntualizó que Paraguay ha expresado su “grave preocupación y disconformidad”, ante una postura que -según lo expuesto por el ministerio- sería compartido con Bolivia, Brasil y Uruguay.
A FIN DE MES, LOS CUATRO PAISES TRATARAN EL POLÉMICO PEAJE
El Comité Intergubernamental de Hidrovías es el órgano político que interviene en el funcionamiento del Acuerdo de Transporte Fluvial de la Hidrovía, firmado en Las Leñas el 26 de junio de 1992 por Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay.
La polémica deberá ser tratada por el comité el próximo 30 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, ante el impase en el cobro del peaje a la navegación fluvial desde enero de este año y tras la retención de un buque paraguayo que transportaba soja desde Mato Grosso del Sur (Brasil), según informó el medio Correio do Estado de Brasil.
Tanto Paraguay como Brasil, además de Bolivia y Uruguay levantaron la voz y consideraron ilegal el cobro de un peaje por parte de Argentina, además de no registrarse ninguna contraprestación de servicios.
“En el entendimiento de Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, el gobierno argentino no ha podido demostrar, hasta el momento, que constituya el reembolso del peaje por los servicios efectivamente prestados en la vía acuática, condición prevista en el contrato para cualquier cobro, teniendo en cuenta que la simple navegación no puede ser gravada legalmente”, señalan desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.
Políticamente, el gobierno brasileño había tratado de revertir amigablemente la situación, pero todo apunta a que las discusiones sobre el tema serán atendidas por los órganos del propio Convenio de la hidrovía Paraguay-Paraná.
“El tema ya se agotó en la Comisión de Convenio (CA), instancia técnica, sin que se haya llegado a un entendimiento, y ahora debe ser tratado en la Comisión Intergubernamental de Hidrovías (CIH), de carácter político”, confirmó al medio brasileño el Ministerio de Relaciones Exteriores del vecino país.
DESDE BRASIL
El titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo, Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil, Jaime Verruck, se mostró sumamente preocupado por la determinación del gobierno argentino de irrespetar el acuerdo intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná al crear tarifas unilateralmente.
“Lo más grave es la decisión de retener una embarcación de la empresa paraguaya, filial de una empresa brasileña, Hidrovias do Brasil, que transportaba carga de origen vegetal brasileño [granos] desde el municipio de Porto Murtinho”, comentó al medio.
“En los últimos años, tuvimos altas inversiones brasileñas en la construcción de terminales y en la adquisición de activos para la navegación. Solo el grupo FV Cereais invirtió más de 300 millones de reales en la construcción de una terminal en Porto Murtinho”, cuestionó Verruck .