Los trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) convocaron formalmente a la Cámara de Turismo, la Cámara de Comercio y FINNOVA a conformar un espacio de trabajo conjunto frente a la intervención del Puerto de Ushuaia. La propuesta apunta a reunir a sectores vinculados con la actividad portuaria para impulsar acciones que contribuyan a poner fin a la medida y recuperar la administración provincial de la terminal.
La convocatoria llega después de más de ocho meses de intervención, con trabajadores que aún no regresaron a sus puestos habituales. Los portuarios sostienen que la situación también genera incertidumbre para el turismo, el comercio y otras actividades que dependen del funcionamiento del puerto.
La temporada de cruceros ya comenzó, pero todavía no alcanzó su período de mayor movimiento. Para los trabajadores, este es el momento de coordinar una respuesta antes de que aumenten las recaladas y la circulación de pasajeros.
El objetivo que proponen para la mesa es que finalice la intervención, que la administración integral del Puerto de Ushuaia vuelva a la Provincia y que se restablezca la situación institucional y laboral previa al 21 de enero. Aclararon, además, que la participación de las entidades convocadas no pondrá sus reclamos ni sus medidas de protesta a consideración de esos sectores: la intención es sumar esfuerzos frente al origen del conflicto.
En paralelo, los trabajadores pidieron que se examine la actuación de Rodolfo Adrián Collado, exdirector general de Administración de la DPP, quien actualmente cumple funciones dentro de la estructura que opera el puerto durante la intervención.
Según señalaron, Collado firmó al menos dos informes vinculados con reclamos judiciales contra la intervención, promovidos por SUTAP y APDFA. En ellos habría aportado datos sobre funciones, dependencias y lugares de trabajo de agentes de la DPP.
LA INTERVENCIÓN CONTRATACA
La Justicia ha iniciado una investigación para esclarecer el estado, mantenimiento y custodia de dos máquinas de gran porte valuadas en unos USD 3 millones que se encuentran inoperativas en el Puerto de Ushuaia. Los equipos quedaron fuera de servicio con anterioridad a la intervención dispuesta por el Gobierno nacional sobre las instalaciones e infraestructura portuaria.
El proceso judicial apunta a auditar la gestión de los exfuncionarios Roberto Murcia, expresidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), y Gastón Castillo, exdirector Administrativo Contable, para deslindar responsabilidades sobre el deterioro o abandono de los bienes públicos.
Valor de los bienes, se estima en USD 3 millones, cifra que deberá corroborarse mediante la documentación técnica y contable oficial.
El objeto de la investigación es determinar las causales de la falla de las máquinas, el historial de mantenimiento recibido, los montos destinados a reparaciones o compra de repuestos, y el estado real al momento de la entrega de la administración.
Marco normativo Provincial:
La Ley Provincial 1015 exige el deber de conservación de los bienes estatales. Para atribuir responsabilidad patrimonial, el fuero correspondiente deberá probar un daño cierto, un incumplimiento de funciones directas y la relación causal entre la conducta de los administradores y el perjuicio.
Aunque Nación administra actualmente la infraestructura del puerto y puede auditar la recepción de los bienes, la medida no invalida las actuaciones previas ni traslada automáticamente la causa al fuero federal. Si surgieran conductas tipificadas como delitos, intervendrá la Justicia Penal.
La intervención nacional continuará registrando el estado edilicio y operativo del puerto, mientras la Justicia provincial y los órganos de control avanzan en los peritajes para determinar si existieron negligencias en la conservación del patrimonio público
Fuente: criticasurtdf / noticiasushuaia