Lo hizo a través de un comunicado dado a conocer el pasado sábado «Nos preocupa enormemente este avasallamiento que representa otro episodio del avance del poder central federal sobre el territorio provincial, a partir de una manipulación lisa y llana de las instituciones» dijo la institución que representa los puertos argentinos.
Reproducimos textualmente el comunicado emitido por la institución que actualmente preside José Lojo y que fue creado a instancias de la Ley de Reforma del Estado cuando se disolvió la Administración General de Puerto SE.
Resulta inverosímil que ante supuestas irregularidades, nunca demostradas, un ente nacional de nivel inferior (ANPYN) dicte una resolución que vaya en contra del sistema portuario instituido en el año 1992 a través de la ley nacional 24.093, la cual está plenamente vigente.
Y, muy para peor, que lo haga contradiciendo la propia política del gobierno actual, la que – en idéntica línea con la otrora vigente al momento del dictado de la norma anterior – brega por políticas de descentralización y desconcentración.
En esa inteligencia fue que se aprobó la nueva sistemática portuaria a nivel nacional, la que con base en la indicada ley 24.093 dispuso la “des-federalización” de los puertos y su transferencia a los Estados Autonómicos Provinciales.
Razón por la cual mal puede ahora no solo ir en contra de sus propios actos y políticas, sino llevándose puestas instituciones básicas, tal lo que ocurre en el presente, donde la “intervención” es una medida organizacional que pueden ejercer las esferas de gobierno, pero solo ante irregularidades administrativas severas ocurridas en entes públicos y que integren su propia estructura.
Lo que no ocurre aquí, ya que la Dirección Provincial de Puertos de Ushuaia es un ente que depende del sector público de dicha provincia, razón por la cual el único sujeto con competencia constitucional para actuar de una manera semejante es la Provincia titular del puerto y de cuya estructura el ente administrador depende.
Confiamos en que los procesos administrativos y judiciales que la provincia de Tierra del Fuego seguramente encarará permitirán recomponer la situación y devolver su patrimonio a la provincia.
No nos es ajena la apetencia comercial que puede significar este puerto público que opera más de 500 cruceros por año entre otras actividades.
Tampoco la importancia geopolítica y estratégica que tiene por su presencia en el extremo sur de nuestros mares y su cercanía con el Continente Antártico en momentos en que el gobierno nacional muestra total sumisión al poder global de la OTAN y Estados Unidos de Norteamérica.
Expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores que ven peligrar su actividad y el pueblo de la provincia de Tierra del Fuego.