El secretario general del Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE), Pablo Trueba, expresó su preocupación por las consecuencias que tendrá la nueva Ley de Reforma Laboral impulsada por el gobierno, al excluir al personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y remitir su regulación a la Ley de Navegación (20.094) y a los convenios colectivos.
La modificación incorpora el inciso “G” al artículo 2 de la LCT, lo que implica que los marineros dejan de estar amparados por ese marco legal general. Según explicó Trueba, una de las consecuencias más inmediatas es que “los convenios pierden ultraactividad, con lo que se pierden las normas de respaldo”, lo que debilita la protección de los trabajadores ante eventuales conflictos o vacíos normativos.
El dirigente sindical advirtió que esta medida implica un retroceso histórico. “Se retrocede 60 años a la regulación de la ley 17.371 dictada por el gobierno de facto de Onganía”, sostuvo, y detalló que la relación laboral pasará a regirse exclusivamente por el contrato de ajuste, es decir, acuerdos temporales que finalizan con cada viaje, sin vínculo permanente entre el tripulante y la empresa.
Trueva señaló que “lo máximo a lo que se puede aspirar es a que, si se trabaja 180 días con sucesivos contratos de ajuste, el trabajador pueda quedar efectivo”.
El dirigente alertó sobre el impacto estructural que esta reforma podría tener sobre la actividad pesquera. “Se busca convertir a la pesca en una actividad zafrera”, evitando que el trabajador logre la efectivización, consecuentemente no contará con salario a la orden y su continuidad dependerá exclusivamente de nuevas contrataciones temporales.
Industria Pesquera «El Corsario S.A.»
Asimismo, remarcó que la dotación de explotación quedará en manos del armador, lo que podría modificar las condiciones de trabajo a bordo sin las garantías previas. En ese sentido, advirtió que se promueve un proceso de “deslaboralización del trabajo marítimo”.
“En síntesis, la exclusión sorpresiva del personal embarcado de las regulaciones de la ley de contrato de trabajo resulta en una discriminación de un sector de los trabajadores que, en los hechos, acarrea incertidumbre y avizora un incremento de la litigiosidad en busca del resguardo de los derechos”, concluyó Trueba, al anticipar un escenario de mayor conflictividad en el sector.