El presidente del Consejo Portuario Argentino (CPA) José María Lojo, presentó una denuncia ante la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) solicitando que se promueva acción penal contra el titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), Iñaki Arreseygor, y los funcionarios intervinientes en el proceso de confección de los pliegos de licitación para el dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal (VNT) de los ríos Paraná y de la Plata.
La denuncia, patrocinada por el abogado constitucionalista Dr. Eduardo Barcesat, y que alcanza también al presidente de la Nación Javier Milei y al Ministro de Economía Luis Caputo, define presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, en concurso con figuras previstas en la normativa ambiental vigente.
El escrito presentado en la PIA, además, solicitó la suspensión del acto de apertura de sobres previsto para el 27 de febrero, con el objetivo de impedir la eventual consumación de perjuicios al interés público.
Barcesat expone en la denuncia que no se realizaron estudios de impacto ambiental integrales, pese a que el 90% de los participantes en la audiencia pública lo solicitó expresamente. También se cuestiona el trazado técnico propuesto, al considerarlo inconveniente desde el punto de vista operativo y ambiental, en contradicción con advertencias formuladas por especialistas.
En materia tarifaria, la presentación sostiene que la fijación de una tarifa mínima elevada limitaría la competencia por precio, asegurando la rentabilidad de la empresa adjudicataria y trasladando mayores costos a los usuarios del sistema, con impacto directo en la competitividad de la producción argentina.
La demanda también señala que las instancias de participación pública desarrolladas durante el último año configuró, solo una «puesta en escena» para simular un cumplimiento de los procesos requeridos, dado que esos aportes fueron prácticamente desestimados en la redacción final de los pliegos, lo que desnaturaliza el espíritu de los mecanismos de consulta previstos en la normativa vigente.