Mientras llueven las denuncias, y se conoció el último informe de la PIA, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) aprobó la segunda etapa de la Licitación Pública N° 1/2025 para la *modernización* de la Vía Navegable Troncal, que abarca desde el kilómetro 1238 del Río Paraná hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata.
El titular de la ANPyN, Iñaki Arreseygor comprometido con la Licitación de la VNT
En el mismo momento que se conocía el nuevo informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la ANPyN publicaba la resolución que declara precalificadas las ofertas de Jan De Nul N.V. y Servimagnus S.A. y de Dredging, Environmental & Marine Engineering NV, tras evaluar los Sobres 1 y 2 del proceso.
Hasta el momento, y según trascendió de fuentes oficiales, Jan de Null aventaja a su competidor (DEME) por más de 24 puntos en la evaluación de ambos sobres.
El *Sobre 3* se abrirá mañana 19 de mayo de 2026 a través del portal *CONTRATAR.AR*. La concesión incluye dragado, redragado, mantenimiento y señalización bajo el régimen de obra pública por peaje, conforme la Ley 17.520.
El proyecto que según el gobierno busca garantizar la navegabilidad del corredor fluvial estratégico para las exportaciones argentinas, pretende asegurar profundidad, seguridad operativa y competitividad logística.
EL NUEVO INFORME DE LA PIA:
El nuevo informe de la Procuraduría que lleva la firma del Fiscal de Estado, Sergio Leonardo Rodríguez, es categórico al resaltar que «permite concluir que estamos en presencia de un proceso licitatorio que repite errores expresamente mencionados en la intervención anterior (Informe del 11-2-2025) de este órgano especializado«.
Pone en cuestión una deuda con el actual prestador del servicio, evaluada en US$ 35 millones (sustancialmente menor a la establecida en el pliego anterior (US$ 80 millones) y la fórmula de cálculo de esa deuda.
Por otro lado, la PIA resalta «Lo desvirtuado de la fórmula de evaluación de las ofertas y del procedimiento de etapa múltiple establecidos , en el cual recaen reparos sobre posibles DIRECCIONAMIENTO del proceso«.
El dictamen subraya además la debilidad de las cláusulas anticorrupción y cuestiona permisos que facilitarían ceder el manejo de la ruta a firmas que no reunían las condiciones para ofertar, lo que compromete la legalidad del procedimiento y expone al Estado a futuros litigios.
La Procuraduría concluye en que advierte «serias y evidentes irregularidades en la redacciòn de los pliegos. Lo cual, en lógica consecuencia conducirá inevitablemente a un procedimiento y posible adjudicación pasible de reproches administrativos y/o penales«.
LA DENUNCIA DE BARCESAT:
Queda pendiente de resolución la denuncia del Dr. Eduardo Barcesar, patrocinando la firma brasileña DTA Engenharia LTDA. por la cual se denunció la falsedad de documentación incorporada por la ANPyN a la Licitación, lo que significa claramente un delito penal que alcanzará a todos los funcionarios nacionales que intervinieron en el proceso licitatorio.
Concretamente Barcesat, denunció «el uso de un supuesto informe atribuido a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que habría sido usada como aval de «transparencia» del proceso licitatorio».
Según dice Barcesat en su presentación el día 5 de mayo que ha recibido comunicaciòn de una empresa internacional especializada en «delitos informáticos«, que aporta «datos fundamentales para determinar la falsedad ideológica y uso de documentación falsa, atribuida a la UNCTAD, en el proceso de licitación 1/2025«.
La gravedad de la denuncia realizada y hecha pública a través de un pedido de informes del Diputado Nacional Jorge Taiana, tendrá su continuidad mañana en la Cámara de Diputados en una reunión del bloque de UxP, con profesionales y técnicos para evaluar acciones desde el arco opositor.
Igualmente el diputado nacional Jorge Taiana presentó un proyecto para rechazar la licitación y solicitó la suspensión inmediata del proceso. La iniciativa se apoya en las observaciones de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que habló de “serias irregularidades”, y en aportes de la Fiscalía Anticorrupción, que también detectó posibles incumplimientos normativos.