El lunes 27 de julio, arribó al Puerto Comercial de Ushuaia del buque transoceánico cargado con los primeros componentes pesados destinados a la nueva central termoeléctrica. Fernando Polizzi investigado por posibles delitos en su paso por el PAMI. La Nación podría devolver el puerto a la provincia en el corto plazo.
En el marco del invierno más riguroso de los últimos 40 años que atraviesa la capital fueguina, arribo al Puerto Comercial de Ushuaia un buque cargado con los primeros componentes pesados destinados a la nueva central termoeléctrica.
La embarcación trasladó una carga total de 6.200 toneladas distribuidas en 1.840 bultos que comprenden motogeneradores modulares, estructuras metálicas, transformadores de potencia y equipos auxiliares, los cuales fueron calificados por el presidente de Terra Ignis Energía S.A., Maximiliano Dalessio, como «un hecho histórico y un hito fundacional«.
En simultáneo con el arribo de la nave, el Gobierno provincial aprobó mediante el Decreto Nº 1278 la adjudicación de una Compra Directa por USD 153.014,40 a la empresa Sullair Argentina S.A. para alquilar horas de uso de equipos generadores de emergencia.
Por su parte, la ministra de Energía, Gabriela Castillo, sostuvo que la llegada del buque materializa años de planificación y gestión. «Cuando empezamos con este sueño había una necesidad energética muy importante y teníamos la firme convicción de que debíamos concretarlo. Ver ingresar este barco con las 6.200 toneladas de equipamiento es un hito histórico para la provincia y el comienzo de una nueva etapa«, afirmó.
Asimismo, la funcionaria remarcó que «cuando esta usina esté conectada a la red, Ushuaia empezará otra historia, con una generación principal y un sistema de respaldo que permitirá sostener el crecimiento de la ciudad y el desarrollo de nuevos proyectos por las próximas décadas».
FERNANDO POLIZZI DENUNCIADO POR PRESUNTO FRAUDE EN EL PAMI
El integrante de la intervención del puerto de Ushuaia, nombrado por el Gobernó Nacional, fue denunciado por prestaciones médicas presuntamente inexistentes, órdenes de estudios incompatibles con la condición de los pacientes, posibles irregularidades en contrataciones y un perjuicio estimado entre 1.000 y 1.500 millones de pesos.
Todos estos delitos, integran la denuncia impulsada por el Diputado Nacional Jorge Araujo Hernández – Movimiento Popular Fueguino – contra el PAMI de Tierra del Fuego.
Según sostiene la denuncia del legislador nacional, los hechos se habrían producido durante la gestión de Fernando Polizzi, hoy integrante de la intervención federal del Puerto de Ushuaia, otro proceso rodeado de fuertes cuestionamientos por el posible desvíos de fondos públicos y malversación de recursos públicos. A Polizzi, se lo vincula familiarmente con el ex vicegobernador Daniel Gallo.
EL PUERTRO DE USHUAIA PODRIA SER DEVUELTO A LA PROVINCIA
El Gobierno nacional analiza devolver el Puerto de Ushuaia a la provincia de Tierra del Fuego. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) evalúa esta restitución de manera reservada tras más de seis meses de muy irregular intervención federal.
Si bien solo son trascendidos, fuentes vinculadas al gobierno de Tierra del Fuego no desmintieron ni afirmaron la información. Las negociaciones las estaría llevando en forma muy reservada el propio gobernador Gustavo Mellella, con el Jefe de Gabinete de Ministros Diego Santilli.
Mientras tanto, el litigio legal abierto con intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sigue su curso. Según trascendió, al Gobierno Nacional, le anticiparon un resultado desfavorable en la justicia, y estaría dispuesto a devolver el Puerto a sus verdaderos dueños, es decir la provincia de Tierra del Fuego, antes del revés judicial.
La traba para la efectiva devolución radica en dos temas centrales: El primero es que sucederá con las licitaciones iniciadas por la Administración General de Puertos (AGP), por orden de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), y a pedido de la intervención, todas ellas con denuncias públicas de sobre precios, y que deberán ser pagadas por el puerto de Ushuaia. Y el segundo que sucederá con el personal que se mantuvo a disposición del la intervención, 14 en total – con licencia por cargo de mayor jerarquía – y el ingresado en el proceso de estos últimos seis meses.
En el primero de los casos, no habría predisposición por parte de la provincia de involucrarse en esas contrataciones cuanto menos sospechadas, y en el segundo la traba surgiría desde los trabajadores y gremios representantes, que fueron imposibilitados de ingresar al puerto (unos 140 trabajadores) cuando se produjo, en el mes de enero, la intervención. Recordemos que uno de ellos es Juan Avellaneda, quien hizo la denuncia en la que se apalancó la intervención.
SOBREPRECIOS: A LA LICITACION DE LA LIMPIEZA AHORA SE LE SUMA LA COMPRA DE DEFENSAS
La Comisión de Preadjudicación de la AGP aconsejó contratar a Concret Nor S.A. para el recambio de 75 defensas del muelle comercial por USD 2.573.156,25 y $1.342.350.194,42, aceptando una oferta que se ubica 18,08% por encima del presupuesto oficial¨, al considerarla la única propuesta válida y conveniente luego de desestimar llamativamente a las restantes cuatro ofertas.
La decisión se produce en un escenario de crecientes cuestionamientos a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y a la propia AGP (empresa que se encuentra en proceso de liquidación), organismos que continúan negándose a brindar información sobre el destino de los recursos que recauda el Puerto de Ushuaia.
La empresa seleccionada, Concret Nor S.A., integra además el consorcio que obtuvo la concesión del Tramo Sur–Atlántico–Acceso Sur dentro del proceso de concesión de rutas nacionales, junto con Marcalba S.A., Pose S.A. y Coarco S.A.. Ese corredor comprende las rutas nacionales 3, 205 y 226, además de las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.
La firma vinculada al empresario Sebastián Galluzzo, como presidente también ha sido mencionado públicamente por su cercanía política con dirigentes del Frente Renovador y por haber participado, a través de Concret Nor, en obras contratadas por la Municipalidad de Tigre en 2013 y posteriormente por AySA en 2021.