En una decisión judicial de fuerte impacto político, ambiental y geopolítico, la titular del Juzgado Federal de Río Grande, Juez Mariel Borruto, hizo lugar parcialmente a una medida cautelar dictada a favor del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA).
La resolución ordena la suspensión inmediata de todos los actos materiales relacionados con el megaproyecto hidrocarburífero Sea Lion (León Marino), ubicado a 220 kilómetros al norte del archipiélago malvinense.
La orden alcanza de forma directa a las firmas operadoras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, exigiéndoles abstenerse de ejecutar perforaciones o instalar infraestructura en el área.
Un freno a la infraestructura y explotación comercial
El fallo judicial interrumpe un plan operativo que ya se encontraba en fase de ejecución técnica y financiera. Las actividades prohibidas temporalmente abarcan:
Perforaciones marinas: Trabajos de exploración y explotación en el lecho y subsuelo oceánico.
Infraestructura submarina: Tendido de conductos, líneas de flujo y sistemas de control.
Operaciones en superficie: Despliegue de unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), además del inicio de extracción comercial.
Soporte logístico en tierra: Ampliaciones portuarias, bases de apoyo, depósitos de insumos químicos, plantas de cementación y bases habitacionales o aeronáuticas.
Esta restricción mantendrá su validez hasta tanto se tramite la correspondiente evaluación de impacto ambiental requerida por la normativa argentina y la autoridad competente emita su dictamen.
Además, las compañías deberán presentar en un plazo de 10 días información sobre el estado del proyecto, incluyendo el cronograma de obras, pozos, equipos, contratistas, estructura societaria, financiamiento y estudios ambientales.
La jueza aclaró que se trata de una medida cautelar, por lo que no implica una decisión definitiva sobre las responsabilidades de las empresas ni sobre el fondo de la causa.
En paralelo, Borruto solicitó a la Cancillería que informe si las empresas contaron con alguna autorización de la Argentina para realizar actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas o en los espacios marítimos circundantes.
También requirió información a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental sobre la existencia de procedimientos o declaraciones de impacto ambiental vinculados con Sea Lion.
GRAN BRETAÑA DESAFIA A LA ARGENTINA:
Reino Unido desafió este martes al Gobierno en el marco de la tensión discursiva por la soberanía de las Islas Malvinas.
Publicó una «guía oficial» sobre el desarrollo económico del archipiélago, en la que apoya «plenamente» el derecho de los habitantes de las islas para «regular su economía y desarrollar los recursos naturales, incluidos los hidrocarburos» y aclaró que Argentina, «no tiene jurisdicción» para imponer sanciones a las compañías, tal cual anunció por cadena nacional el presidente Javier Milei.
“El Gobierno del Reino Unido apoya plenamente el derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, en beneficio económico propio. Esto constituye una parte integral de su derecho a la autodeterminación”, sentencia el comunicado publicado en las redes oficiales de la administración británica.
Según ellos, las Islas Malvinas «son un Territorio Británico de Ultramar» y remarcaron que el Gobierno del Reino Unido no tiene ninguna duda sobre la soberanía sobre las mismas, y las áreas marítimas circundantes.
«No discutiremos la soberanía a menos que y hasta que los isleños así lo deseen”, sostiene la guía.
Y reitera que “el Gobierno del Reino Unido está comprometido con apoyar el derecho de los habitantes a la autodeterminación”.
La publicación añadió que no veía fundamento jurídico alguno para que tribunales fuera de Argentina hicieran cumplir las medidas adoptadas contra dichas empresas, informó Reuters.
Reino Unido señaló además que medidas argentinas previas llevaban muchos años en vigor, pero no habían impedido que los habitantes de las Islas Malvinas desarrollaran una economía próspera, y afirmó que seguiría apoyando a las islas y dejando clara su postura ante Argentina.