El Gobierno Nacional, viene pateando la distribución de las cuotas de pesca de la principal especie, insumo de nuestra industria pesquera, la merluza Hubbsi o merluza Común, si dar ninguna justificación sobre la demora de la distribución.
Si bien las sospechas de una posible especulación por parte de las autoridades nacionales, con el objetivo de poder llegar a una «licitación nacional e internacional» que, sin lugar a dudas , dejaría fuera de juego a las empresas de capital nacional, vinculadas a la actividad, favoreciendo a los capitales internacionales.
El detonante lo dio Juan Antonio López Cazorla, presidente del Consejo federal Pesquero, en la última reunión, donde anticipó que se extenderían por un año las cuotas, lo que hace suponer que despues de eso viene la «Licitación«.
Luego del escándalo por el pedido de coimas a empresarios que reveló La Política Online, la cuotificación de merluza común se aplazó cuatro veces, sin que desde el Gobierno Nacional se diera ningún tipo de explicación, ni siquiera, a la firma Iberconsa S.A., que fuera quien la denunció en la embajada de EE.UU.
Según consta en el acta de la última sesión, frente a la presión de las distintas cámaras y provincias del litoral marítimo para que haya una definición, López Cazorla no dio certezas pero sí dijo que la cuotificación del próximo periodo «podría ser por otro periodo de 15 años u otra alternativa a analizar», dando a entender que no será él quien toma esa determinación.
Según está establecido en la actual reglamentación, en el esquema vigente de reparto, las cuotas se distribuyen en base a criterios históricos, inversiones, procesamiento en tierra y generación de empleo de quienes ya operan sobre ese recurso, inclusive permite la devolución de cuota, cuando el beneficiario decidiera no operar por distintas razones.
Industrias El Corsario S.A.
Fuentes vinculadas al sector empresario entienden que el nuevo proceso de licitación, al que aspira el gobierno, se daría excluyentemente sobre pago del mejor canon, poniendo a las empresas de capitales nacionales en una competencia injusta e ilegítima, ya que vulneraría la Ley Federal de Pesca.
Para las empresas pesqueras, esa prórroga, no da certidumbres a la hora de pensar inversiones que, al menos, necesitan un horizonte de previsibilidad de largo plazo. El recambio de un buque pesquero (en su mayoría construidos en astilleros nacionales) necesita de tener certezas, lo que significa la caída de contratos de construcción para modernización de flota, y pone al empresariado de la Industria Naval, en alerta máxima.
Mientras tanto, desde sectores sindicales van mucho más allá y ven en esta prorroga un trasfondo político, que tiene varias aristas.
En principio llevar el reparto al mes de diciembre del 2025, cuando la conformación de la legislatura se modifique y en ese marco, con una mejora numérica en la legislatura con propios y cercanos, enviar un proyecto que modifique la Ley de pesca y le permita licitar sin condicionamientos.
El otro aspecto es el castigo a la Provincia de Buenos Aires, ya que es la que concentra mas del 50 % de los desembarcos de la producción pesquera, «privilegiando a las empresas radicadas en la patagonia (especialmente Chubut y Santa Cruz) que en su mayoría son de capitales extranjeros o mixtas y donde hay gobernadores afines».
Por último aseguran que, desde el inicio del gobierno de Milei, hubo un «ataque directo al sector de la pesca» bajo la propuesta de la Ley Bases de eliminar la Ley Federal de Pesca, aseguran que, ahí, se buscó «generar un mecanismo de licitaciones internacionales que entregaba los recursos al mejor postor sin la obligación de generar puestos de trabajo locales ni que las embarcaciones tengan bandera nacional ni desembarco en puertos locales».
La Industria está en un serio problema, si definitivamente, no se utiliza la metodología establecida en la Ley y se hunde en la incertidumbre de desconocer su futuro inmediato.