Después que el municipio de Necochea lograra la aprobación de la “tasa solidaria” para el mantenimiento de la red vial urbana municipal, Pablo González, productor agropecuario y dirigente de la Sociedad Rural emitió una carta pública, expresando “el intendente Arturo Rojas y la claque que lo secunda en el Concejo Deliberante han dado, una vez más, la nota negativa por su irresponsabilidad, indolencia y voracidad fiscal”.
“No les importa nada más que recaudar fondos para acomodar a sus amigos en la municipalidad. Esta vez han dado sanción a una ordenanza fiscal impositiva para el 2025 que contempla un 600% de aumento de las tasas en 13 meses, algo que no guarda racionalidad con ningún parámetro económico, es un simple apoderamiento ilegítimo e injusto de los recursos de los contribuyentes”, aseguró González en su carta.
El productor agropecuario y dirigente ruralista expresa que “con la excusa de reparar accesos al puerto que son provinciales y no municipales …… » y la calificó como “una verdadera burla que implica a los productores del hinterland restar uno cuatro millones de dólares por año de sus ingresos y transferirlos a una municipalidad ineficiente y prebendaria”.
“El cobro de una tasa debe corresponder siempre la efectiva prestación de un servicio referido a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente. Es decir, debe haber una actividad estatal específica que atañe al obligado al pago. La suma dineraria que se cobre debe tener un vínculo razonable con la prestación del servicio. El pago de tasas o servicios finca en una contraprestación aproximadamente equivalente al costo del servicio prestado, resultando necesario que el monto de la tasa y el costo del servicio guarden relación razonable”, manifestó González, y agrega que el valor de la tasa “no puede superar más allá de un límite discreto y racional el costo del servicio”.
“El sistema más adecuado y justo es la afectación de un importante porcentaje de los fondos a recaudar por la tasa en una cuenta especial y separada de las rentas generales del municipio, porque ello asegura que la tasa cumpla la finalidad para la que fue creada, que el servicio se preste eficientemente, se puedan presupuestar seriamente las inversiones y gastos a efectuar en el ejercicio fiscal y no exista desvío ilícito de ingresos a otras áreas de la administración, ajenas a la efectiva prestación para la cual la tasa fue concebida» expresó.
Mas adelante continuó diciendo casi con tono de denuncia » Ese fue el régimen existente en la municipalidad de Necochea que la administración actual de Rojas dispuso su suspensión supuestamente transitoria, en desmedro del servicio y que ha desnaturalizado el propio concepto de tasa, dado que los fondos van a rentas generales donde se dilapidan en sueldos para amigos y otros beneficiarios indebidos del aporte de los contribuyentes”.
González, anticipa que el quebrantamiento de estas reglas básicas “habilita la interposición de acciones judiciales en defensa de las normas constitucionales en juego”.
Para finalizar, señaló que “es más que probable que haya contribuyentes que se decidan por la acción judicial dado que este atropello, que ha encarecido muchísimo los importes a abonar por tasas, se torna insostenible y no debe ser tolerado”, dejando entrever que no será la institución (Sociedad Rural) la que se presente a la justicia, sino por el contrario lo podrían hacer productores en forma independiente.
Días atrás ya se habían expresado las entidades del campo (mesa de Enlace integrada por la Sociedad Rural, FAA, CARBAP y Coninagro institucionalmente destacando que las políticas que aumentan la presión impositiva van en contra del reclamo generalizado de la sociedad por una reducción de impuestos y del costo argentino. “La medida es totalmente desacertada y descontextualizada”, agregaron, recordando el difícil momento que atraviesa el sector tras años de sequía, restricciones y costos crecientes de producción.
Paralelamente, solicitaron la intervención del Gobernador bonaerense – Axel Kicillof – para frenar la implementación de la medida y abrir un espacio de diálogo con el sector productivo.