La Justicia Federal en lo Penal Económico recibió este lunes una denuncia penal contra directivos, administradores y representantes legales de distintas compañías pesqueras internacionales y sus sociedades mixtas asociadas que explotan recursos vivos marinos en el Mar Argentino mediante autorizaciones emitidas por las autoridades británicas que ocupan las Islas Malvinas.
La presentación fue radicada ante el Juzgado en lo Penal Económico N° 7 a cargo del Juez Federal Juan Pedro Galván Greenway, y apunta a siete firmas, en su mayoría de origen español. Están acusadas de extraer recursos del Atlántico Sur sin habilitación argentina.
La denuncia fue presentada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la organización Reset Republicano, quienes sostuvieron que las actividades denunciadas afectan de manera directa la soberanía del Estado argentino, el control aduanero y los recursos naturales ubicados dentro de la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).
El escrito judicial individualizó a distintas corporaciones de origen español, principalmente de la región de Galicia, que trabajan junto con sociedades mixtas constituidas en Malvinas y que, según los denunciantes, operan bajo licencias británicas que consideran ilícitas.
“Las empresas denunciadas estarían operando activamente en el Atlántico Sur mediante la explotación comercial ilícita de recursos pesqueros. Dichas firmas habrían solicitado y obtenido supuestas “licencias de pesca” otorgadas de manera ilegítima por la administración colonial británica que ocupa las Islas Malvinas (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)“, sostiene la denuncia, a la que accedió TN.
“Las llamadas ‘licencias de pesca’, en realidad, son verdaderas patentes de corso otorgadas para destruir el patrimonio itícola de la República Argentina”, añadió el documento.
Además, los abogados agregaron, que “los buques de las firmas denunciadas estarían procediendo a la captura masiva de recursos vivos marinos dentro del mar territorial y plataforma continental argentina”.
LAS EMPRESAS DENUNCIADAS:
- Lanzal, vinculada con la sociedad mixta Petrel Fishing Company Ltd., que opera mediante el buque Monteferro, registrado en las islas.
- Grupo Pereira, asociada con Argos Group Ltd., con las embarcaciones Argos Cíes y Argos Berbés.
- Pescapuerta, relacionada con South Atlantic Squid y los buques Falcon, Prion y Robin M. Lee.
- Copemar, también vinculada con South Atlantic Squid, mediante el barco Hadassa Bay, que reemplazó al Baffin Bay.
- Ferralmes, asociada con Castelo Fishing Co., cuyo buque principal es el Castelo.
- Hermanos Touza, en sociedad con Beaufort Fishing Ltd., utilizando la embarcación Hermanos Touza.
- Moradiña, vinculada con Polar Ltd., que explota el buque New Polar Playa de Sartaxens bajo banderas de España y de las islas.
De acuerdo con el escrito presentado ante la Justicia, los denunciantes sostienen que las operaciones de las pesqueras podrían configurar el delito de contrabando a través de dos conductas principales. La primera está relacionada con la evasión del control aduanero. Según la denuncia, las empresas extraerían recursos pesqueros del territorio nacional para luego realizar exportaciones, trasbordos en alta mar o descargas directamente en Puerto Argentino o en terminales de terceros países, sin someterse al control de las autoridades argentinas.
Por estas horas el Gobierno analiza incluir la pesca en el proyecto de sanciones a las empresas petroleras que enviará al Congreso, como anticipó TN. La legislación vigente ya contempla multas para empresas vinculadas con buques que pescan sin permiso argentino, pero el Ejecutivo estudia reforzar su aplicación dentro del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, aún en estado borrador.
La Argentina ya tiene desde 2008 herramientas legales para sancionar vínculos con la pesca sin permiso argentino en Malvinas. El artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca obliga a quienes reciben cuotas o autorizaciones de captura en el país a declarar que no tienen relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con propietarios o armadores que pesquen en aguas argentinas sin autorización nacional.
Para avanzar con la investigación, los denunciantes pidieron al juzgado que libre distintos oficios a organismos públicos. A la Prefectura Naval Argentina y al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) solicitaron información sobre los reportes de avistamiento e identificación de las flotas pesqueras vinculadas con las compañías denunciadas, así como de otras embarcaciones que operen en el Atlántico Sur con licencias británicas o sin autorización argentina. ,También solicitaron a la Dirección General de Aduanas que informe si las empresas registraron operaciones de exportación o pagaron aranceles correspondientes a las capturas realizadas en la zona en disputa.
Por último, pidieron a la Inspección General de Justicia que verifique los vínculos comerciales, filiales y activos operativos que las compañías extranjeras denunciadas puedan tener en el territorio continental argentino.