La UE redefine qué es un país «no cooperante» en la lucha contra la pesca INDNR: no responder a requerimientos de información o establecer medidas discriminatorias que vulneren derechos de la UE y deriven en sobrepesca serán ahora factores a tener en cuenta para una tarjeta roja.
Europa da una vuelta de tuerca más a su política de tolerancia cero contra la pesca ilegal –especialmente contra los estados ribereños vecinos– estableciendo nuevos criterios para determinar cuándo un tercer país es considerado como “no cooperante” en la lucha contra la pesca INDNR. A partir de ahora, retrasos “indebidos” a la hora de responder a solicitudes de información, la ausencia de respuestas en procesos de consultas, la no aplicación de medidas de conservación o control previamente acordadas, así como en la gestión de poblaciones de interés común, incluso en el contexto de las ORP, serán consideradas factores a tener en cuenta para señalar a un país como candidato a percibir una tarjeta roja, lo que implicaría el cierre del mercado comunitario.
El Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, tras la propuesta lanzada por la Comisión, han alcanzado un principio de acuerdo para reformar el Reglamento (UE) nº 1026/2012 en respuesta directa, principalmente, a las políticas unilaterales adoptadas por Noruega en lo relativo a la gestión de la caballa o el bacalao tras el ‘brexit’. Cabe destacar que, con el objetivo de estrechar el cerco a este tipo de prácticas, durante la negociación se logró incluir un motivo más para señalar a un tercer país: establecer cuotas o medidas discriminatorias «sin el debido respeto a los derechos, intereses y deberes de otros países y de la Unión” y que, combinadas con otras medidas, resultan en sobrepesca.
Adoptada el 25 de octubre de 2012, esta norma establece medidas que la Unión Europea puede tomar contra países no pertenecientes a la UE que permiten o fomentan actividades pesqueras no sostenibles, especialmente en poblaciones de peces compartidas o de interés común. Hasta la fecha, las sanciones del reglamento solo se han aplicado una vez, en 2013. Fue contra las Islas Feroe, que vieron prohibida la exportación a la UE de arenque y caballa. La medida se levantó meses después.
La reforma busca mejorar la cooperación con el país no perteneciente a la Unión antes y después de que la UE determine su implicación en la pesca no sostenible. El acuerdo determina que dicha cooperación también deba producirse dentro de las OROP o mediante acuerdos ad hoc entre países. Todo ello partiendo de la base del «mejor asesoramiento científico disponible», que es “respaldado por los datos y métodos científicos más actualizados y que ha sido emitido o revisado por un organismo científico independiente reconocido a nivel de la Unión o internacional”, según introdujo el Parlamento Europeo durante la negociación.
UN ACUERDO «HISTÓRICO»
Los colegisladores comunitarios han celebrado el paso dado. Los Estados miembro, a través del Consejo, consideran que esta revisión permite establecer normas “más claras y transparentes” para identificar a los países que permiten prácticas pesqueras no sostenibles. “El acuerdo nos proporciona herramientas más sólidas para abordar las prácticas pesqueras no sostenibles permitidas por terceros países y para fomentar la pesca responsable”, ha indicado Jacek Czerniak, Secretario de Estado polaco de Agricultura y Desarrollo Rural, en representación de la presidencia polaca del Consejo. “Nuestro mensaje es claro: estamos decididos a salvaguardar la sostenibilidad a largo plazo de las poblaciones de peces compartidas y a proteger a los pescadores europeos de la competencia desleal”, indicó.
Para el eurodiputado socialista Thomas Bajada, ponente del informe en el Parlamento Europeo, el acuerdo “es un punto de inflexión”. “Por primera vez, la UE cuenta con una herramienta clara y aplicable para responder a la pesca no sostenible por parte de terceros países en todas las aguas basada en la ciencia, la equidad y la cooperación”, señaló. “Nos aseguramos de que la ley reconozca todas las realidades, responsabilice a los actores que no cooperan y aproveche las fortalezas de la Unión para lograr la sostenibilidad”, apuntó el eurodiputado, convencido de que con esta reforma “estamos defendiendo nuestro océano y la competitividad de los pescadores de la UE”.
La Comisión también ha celebrado este acuerdo “histórico” que permitirá “combatir las prácticas pesqueras no sostenibles sobre poblaciones de peces de interés común por parte de países no pertenecientes a la UE”, ha indicado la DG Mare. En opinión de la CE, el nuevo acuerdo aporta claridad y seguridad jurídica a las condiciones bajo las cuales pueden activarse medidas de la UE, “al tiempo que permite un compromiso más constructivo con los países no pertenecientes a la UE”. Según Bruselas, se trata de un “paso importante” que permite fortalecer las herramientas de la UE para promover la gestión sostenible de las pesquerías “más allá de la UE”, y para tomar “medidas firmes” contra la pesca no sostenible por parte de países no pertenecientes a la UE.
Como siguiente paso antes de la entrada en vigor de la medida, la Comisión de Pesca votará el texto resultante de las negociaciones interinstitucionales en una de las próximas reuniones. Su respaldo tendrá que ser confirmado posteriormente en el Pleno. La reforma entrará en vigor 20 días después de la publicación del texto en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Fuente: Industrias Pesqueras