Jan de Null saca ventaja en la licitación de la Vía Navegable Troncal pero continúan los cuestionamientos y las denuncias

Abierto los sobre de la oferta económica el pasado martes, Jan de Null le saca ventaja a su competidor DEME. La diferencia surgió en el sobre 2 – oferta técnica – donde la actual operadora había aventajado a su competidora por mas de 24 puntos.

La dragadora belga Jan de Nul presentó este martes la mejor oferta económica por la Vía Navegable Troncal Paraná-Paraguay, y si bien faltan revisiones formales a los documentos, quedó posicionada en primer lugar en el proceso licitatorio y en condición de obtener la adjudicación correspondiente una vez concluidas las instancias que contemplan posibles objeciones o impugnaciones.

De esta forma, cuando se realice la adjudicación, volverá a estar concesionada a un operador privado, que deberá hacer las inversiones para ponerla a punto (nueva tecnología para la navegación, obras complementarias como radas y zonas de maniobra) y también ampliar su profundidad.

Jan de Nul, que la operó desde mediados de los 90 hasta el pase a manos estatales en 2021, y a partir de ahí continuó a través de contrataciones directas a la espera de la Licitación que fracaso en las dos veces anteriores, venía de imponerse en la oferta técnica a su competidora, la también dragadora belga Deme Dredging. Y ahora propuso pagar menor peaje que su competidora. En concreto, ofertó un peaje de u$s 3,8 por tonelada de registro neto (TRN) para etapa 0; u$s 4,65 para la 1; y u$s 5.78 para la 2. La oferta de Jan de Nul se ajustó a la banda de precios inferior recomendada por las autoridades competentes,

El pase a manos privada -Jan de Nul está asociada a la argentina Servimagnus SA- activará automáticamente una baja del peaje ya que en la actualidad la TRN es de u$s 4.30. En la medida que en las etapas 1 y 2 se avance con las profundizaciones del calado, permitiendo que los buques salgan más cargados, se activará la suba del peaje. 

SE SUMO UNA NUEVA DENUNCIA PENAL A FUNCIONARIOS Y EMPRESARIOS

La justicia de Comodoro Py recibió una nueva denuncia penal para que se investigue la licitación pública por la Vía Navegable Troncal, que menciona a funcionarios del Gobierno y empresas y se suma a la iniciada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) adelantada por este medio.

La Fundación por la Paz y el Cambio Climático presentó una denuncia penal para que se investigue una presunta maniobra de direccionamiento en la futura licitación de la Hidrovía, con acusaciones contra funcionarios nacionales, empresarios y empresas vinculadas al dragado del Paraná.

La presentación, adelantada por la periodista especializada Vanesa Petrillo en ambito.com, apunta contra Santiago CaputoLuis CaputoGastón BenvenutoIñaki Arreseygor, las empresas Jan De Nul y grupo Neuss, entre otros.

La denuncia fue presentada por Fernando Miguez, titular de la fundación, junto con la abogada Marcela Scotti. Allí se habla de una supuesta “defraudación sistemática mediante el fraude a un estado” y se reclama una investigación por presuntos delitos de asociación ilícita, fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles y malversación de caudales públicos.

Según el escrito, la maniobra estaría relacionada con el nuevo esquema de concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay y tendría un perjuicio estimado en “u$s 7.000 millones”.

Según los denunciantes “la planificación estratégica se sitúa en la órbita de Santiago Caputo”, bajo la “supervisión jerárquica de Luis Caputo”, mientras que la “ejecución administrativa” recaería sobre Gastón Alejo Benvenuto e Iñaki Arreseygor.

Entre los distintos ítems de la denuncia, se expresa que «habría existido una purga silenciosa de técnicos dentro de la ex Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables«. Según el escrito, funcionarios “desplazaron a los cuadros técnicos que hacían las observaciones sobre los costos de dragado” para reemplazarlos por perfiles alineados con el nuevo esquema.

También aseguran que “no es una privatización mal hecha; es una privatización bien hecha para los fines que ellos buscan: el desfinanciamiento del Estado y la entrega de una renta extraordinaria dirigida a un grupo de amigos”.

LA QUEJA DE DEME POR LA EXIGENCIA PARA PRESENTAR OBJECIONES

DEME se quejó de que debe pagar US$10 millones para presentar objeciones. En declaraciones al diario La Nación, dijo que, desde el inicio, expresó sus preocupaciones sobre el proceso y no descartó una apelación.

La otra empresa finalista, la firma belga DEME, dijo que esperaba una “licitación justa”, y se quejó por los costos que tiene la opción para presentar objeciones al proceso, cuyo resultado, aclararon, dejó “serias dudas”. En la firma dijeron que se tomarán los próximos días para analizar los resultados y agregaron que podrían apelar.

La compañía, que podría quedarse afuera de un negocio por mas de U$s 15 mil millones en los próximos 30 años, emitió un comunicado a través de su vocero, Frederic Dryhoel.

Esperábamos que hubiera una licitación justa. DEME, junto con nuestros socios estadounidenses GLDD, Clear Street y KKR, presentó una propuesta altamente competitiva y transparente, plenamente alineada con los estándares internacionales y reflejando nuestra amplia experiencia como referente en proyectos de concesión portuaria y fluvial a gran escala”, afirmó en una carta difundida a los medios de comunicación.

Según DEME, “seguimos firmemente comprometidos con contribuir a un proyecto que es esencial para el pueblo argentino, la logística y la economía exportadora. El éxito de DEME se basa en participar en oportunidades donde existan condiciones equitativas y procedimientos transparentes que garanticen una competencia justa, logrando en última instancia el mejor resultado para el país, su economía y sus ciudadanos, como ocurrió con la concesión del canal de acceso portuario del Puerto de Paranaguá, en Brasil”.

La compañía recalcó que, desde el inicio, expresó claramente sus objeciones al proceso licitatorio. “No existe ningún país en el mundo donde se exija pagar U$s 10 millones para presentar objeciones respecto de un proceso de licitación, lo cual ya genera serias dudas sobre el procedimiento. Además, también se nos informó que existe una preocupación significativa en la Argentina respecto del proceso actual”, finalizaron, con el mensaje de que “DEME no realizará más comentarios en esta etapa”.

Recordemos que DEME, había sido la única oferente en la licitación que la ANPyN resolvió no adjudicar y dar de baja en el año 2025.

FUERTE RECHAZO A LA LICITACIÓN PARA EL DRAGADO DEL RIO PARANA

Crece el rechazo sindical y social a la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay impulsada por el Gobierno nacional.

Durante una jornada de debate y protesta, dirigentes gremiales, especialistas y organizaciones vinculadas a la soberanía fluvial cuestionaron el avance del proceso licitatorio y denunciaron que se pretende “adaptar el río a los negocios” sin estudios ambientales ni control estatal.

Uno de los principales expositores fue Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, quien lanzó una fuerte advertencia sobre el rumbo de la concesión: “No se puede adaptar el río a los negocios”, sostuvo el dirigente, al tiempo que remarcó que el proceso “carece de estudio de impacto ambiental” y pone en riesgo la soberanía sobre una vía estratégica para el comercio exterior argentino.

Por su parte el dirigente de los directivos portuarios, Ricardo Alonso, sostuvo que «No es una mala licitación, es un plan que comenzó apenas asumió el gobierno de Javier Milei, con la autorización del dragado a 14 metros del Puerto de Montevideo, con la caída de la licitación del Canal Magdalena, con la intervención del cuerpo de ingenieros del ejercito de EE.UU, la exclusión de dragado del Riacho Barranqueras, con la desregulación del cabotaje nacional y la destrucción de la Marina Mercante y con la profundización del Paraná Bravo y Paraná Guazú que derivaran carga a los puertos Uruguayos. La licitación amaneada es solo el broche final de la entrega«.

El encuentro reunió a distintos sectores sindicales y sociales que vienen cuestionando la apertura de ofertas para concesionar la llamada Vía Navegable Troncal a empresas extranjeras. Desde esos espacios sostienen que el proceso profundiza la privatización de una ruta clave para la economía argentina y reclamaron transparencia, control público y defensa de la soberanía sobre el río Paraná.

JAN DE NULL SE DEFIENDE

Desde la empresa Jan de Nul cuestionaron cada una de las objeciones de su competidora y aclararon que la elaboración de los pliegos comenzó con las discusiones en las Mesas Interdisciplinarias en agosto del año pasado de la cual participaron los agroexportadores, gremios y representantes de las provincias, entre otros actores.

Según la – casi segura ganadora de la licitación – «El plazo fue extendido a pedido de las empresas y usuarios de la Vía de Navegación Troncal del 29 de enero al 12 de febrero«, dijeron fuentes de la empresa que recordaron que la información técnica ya fue analizada por las principales empresas dragadoras del mundo que participaron en 2021 de la llamada «licitación corta» que convocó entonces la Administración General de Puertos en el gobierno anterior.

Deme consideró restrictiva la capacidad financiera requerida ya que como garantía de sustentabilidad exigía una solvencia económica equivalente a los ingresos estimados en un año de gestión al frente del servicio: «Resulta imprescindible como garantía de sustentabilidad y continuidad de las obras, incluso en ante situaciones complejas desde el punto de vista económico», dijeron desde Jan de Nul.

El descargo de Jan de Null, fue publicado en el día de ayer por IProfecional.com, donde os belgas expusieron que «Los primeros años requieren una fuerte inversión de parte del operador, con una recuperación pautada recién en un mediano y largo plazo durante el resto de la concesión».

Otra objeción de DEME radicó que en el pliego se priorizan trabajos en países limítrofes sin base técnica, favoreciendo al concesionario actual. Para Jan de Nul, esta experiencia es relevante y de ninguna manera favorece a alguna empresa en particular, y que «técnicamente no puede soslayarse o dejar de considerase favorablemente la experiencia en tipos de suelos, condiciones hidrológicas y climáticas propias de la región, y comunidad económica, Pero tampoco ha sido establecido como una condición excluyente«, dijeron.

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