Las industrias pesqueras radicadas en los muelles de la Patagonia quedaron marginadas del último paquete de beneficios aduaneros implementado por el Ministerio de Economía de la Nación, reactivando un profundo malestar en las firmas exportadoras de la región.
Agustín de la Fuente, presidente de la CAPIP, fustigó la falta de fundamentos oficiales para justificar la continuidad de estos gravámenes distorsivos sobre las terminales portuarias, ya que el sector pesquero fue excluido del listado de más de mil productos beneficiados.
La conducción empresaria advirtió, en una nota publicada por LA17 que las decisiones ignoran la regularidad y el peso específico de un complejo industrial que sostiene miles de puestos de trabajo directos e indirectos en los cascos urbanos de la Patagonia.
El referente pesquero patagónico expuso la contradicción de que los teléfonos de los despachos federales solo se activan cuando la flota ingresa en una etapa de pausa operativa debido a la falta de rentabilidad de las mareas.
Mientras tanto, en Mar del Plata se expresaron en la misma sintonía con los reclamos de las principales cámaras del sector. Desde Intercámaras de la Industria Pesquera señalaron con claridad que la actividad no solicita subsidios ni un trato de privilegio, sino igualdad de condiciones frente a competidores internacionales cuyas naciones no gravan las exportaciones.
La medida oficializada por la administración nacional marca claras diferencias sobre actividades productivas. Durante el año 2025, la pesca argentina logró generar 2.010 millones de dólares en divisas, consolidando el segundo mejor registro histórico de la industria en materia de exportaciones. Sin embargo, este significativo aporte de dólares hacia las arcas del Banco Central no se tradujo en un desahogo para los actores de la actividad.
Los márgenes operativos locales se encuentran severamente comprimidos debido a una escalada de costos internos y un frente internacional adverso, caracterizado por la baja de los precios internacionales. Los buques pesqueros operan con insumos dolarizados, afrontan un costo de combustible que ha escalado significativamente y deben sostener el mantenimiento de las unidades extractivas bajo la presión de una brecha cambiaria que complejiza el financiamiento ordinario de las operaciones.