La Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo tribunal de Naciones Unidas, emitió una opinión consultiva histórica sobre el derecho a huelga y concluyó que esa garantía está protegida por el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referido a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.
La definición llegó en medio de una disputa global de larga data entre sindicatos, empleadores y Estados, y rápidamente tuvo impacto en la Argentina, donde el debate laboral ocupa un lugar central en la agenda .
La CIJ sostuvo que, aunque el Convenio 87 de la OIT no menciona de manera expresa la palabra “huelga”, la protección del derecho a realizar medidas de fuerza está comprendida dentro de las garantías de la libertad sindical. El presidente del tribunal, Yuji Iwasawa, afirmó durante la lectura en La Haya que “la protección del derecho de huelga está comprendida en la libertad de asociación”.
La opinión consultiva no tiene carácter obligatorio como una sentencia entre Estados, pero posee un fuerte peso jurídico y político. Según Associated Press, el criterio fijado por la Corte puede influir en regulaciones laborales, estándares internacionales y acuerdos comerciales que incorporan normas vinculadas al trabajo.
El pronunciamiento fue solicitado por la OIT en 2023 para resolver una controversia interna sobre la interpretación del Convenio 87. La propia OIT explicó que el conflicto llevaba años y que en 2012 llegó a provocar una crisis institucional dentro del organismo, por las diferencias entre el Grupo de los Trabajadores y el Grupo de los Empleadores sobre el alcance del derecho a huelga.
La Corte Internacional interpretó que el sentido del Convenio 87, leído de buena fe y de acuerdo con su objeto y finalidad, incluye la protección del derecho de huelga de los trabajadores y de sus organizaciones. Para el tribunal, la huelga forma parte de las actividades legítimas de las organizaciones sindicales en defensa de los intereses laborales.
Sin embargo, la CIJ también marcó un límite importante: su opinión no define el contenido concreto, el alcance ni las condiciones de ejercicio del derecho. Esos aspectos continúan sujetos a las legislaciones nacionales y a los mecanismos internacionales competentes.
Ese punto será clave para las discusiones que se vienen. El fallo no impide que los países regulen el ejercicio de la huelga, pero fija un estándar internacional de enorme relevancia: la huelga no aparece como una concesión política, sino como una derivación de la libertad sindical.
En la Argentina, el pronunciamiento fue celebrado por sectores del sindicalismo, que lo leyeron como un respaldo internacional en medio de la discusión por la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.
Para los gremios, la definición de la CIJ fortalece el argumento contra cualquier intento de limitar el derecho a huelga. La lectura sindical es directa: si la huelga está protegida como parte de la libertad sindical por un convenio internacional ratificado por la Argentina, las restricciones que afecten su ejercicio podrían ser cuestionadas ante organismos internacionales.
El pronunciamiento de la CIJ no cierra todas las discusiones, pero marca un antes y un después. Para el sindicalismo, representa una victoria histórica. Para los gobiernos que buscan avanzar con reformas laborales restrictivas, abre un nuevo frente jurídico y político.