La intervención libertaria sobre el puerto de Ushuaia acumula cuestionamientos políticos, económicos e institucionales. La preadjudicación por $ 80 millones a una empresa porteña para realizar una relevamiento dominial sobre terrenos que corresponden al Estado provincial, y la obra para la renovación de defensas denunciada por sobrecostos, en el centro de la escena.
EL DIARIO del Fin del Mundo, en su edición del hoy, informa que, en este último caso, desde el organismo advirtieron que el proceso impulsado por la intervención de la ANPyN presenta inconsistencias técnicas, omisiones y posibles sobrecostos. También alertaron sobre eventuales conflictos jurisdiccionales y ambientales durante la ejecución de la obra.
La licitación impulsada para reemplazar las defensas del puerto de Ushuaia generó fuertes cuestionamientos por parte de autoridades técnicas de la Dirección Provincial de Puertos, que aseguran que el proyecto fue elaborado sin contemplar aspectos fundamentales vinculados a la operación portuaria, el diseño de la obra y la normativa provincial vigente.
El director de Estudios y Proyectos de la Dirección Provincial de Puertos, Salvador De Gaetano, sostuvo en una entrevista con el periódico fueguino, que el recambio de defensas era una obra prevista desde hace tiempo por el organismo provincial y afirmó que ya se encontraba en proceso de preparación antes de la intervención del puerto.
Sin embargo, diferenció esa planificación de la iniciativa actualmente impulsada por la Administración General de Puertos. “Una cosa es la necesidad, que era algo que estaba previsto y planificado, y otra cosa es lo que ha hecho la ANPyN y la AGP”, señaló.
Según explicó, el proyecto elaborado por el organismo nacional reúne en una única contratación tres trabajos distintos: la adquisición de las defensas, su colocación y la reparación de sectores de la estructura del muelle.
A criterio de De Gaetano, esa decisión incrementa los riesgos de ejecución y puede derivar en mayores costos para el Estado. “Encontramos una serie de problemas que pueden hacer que esta licitación sea una catástrofe para la Dirección de Puertos”, advirtió.
El funcionario indicó que el reemplazo de las defensas constituía una necesidad real, aunque aclaró que el sistema actual todavía se encuentra dentro de los márgenes de seguridad previstos. En ese sentido, aseguró que la Dirección Provincial de Puertos había proyectado una renovación escalonada, diferenciando sectores según el tipo de embarcaciones que operan en cada sitio de atraque.
De acuerdo con el análisis técnico realizado por el organismo, el pliego presenta omisiones relevantes que dificultan la elaboración de ofertas precisas por parte de las empresas interesadas. Entre ellas mencionó la falta de especificaciones sobre el alcance de determinadas reparaciones estructurales incluidas en la contratación. “No estamos especificando qué queremos arreglar, cuánto queremos arreglar y dónde queremos arreglar”, cuestionó.
Otro de los aspectos observados está relacionado con los plazos de ejecución. De Gaetano consideró que los tiempos previstos resultan insuficientes para desarrollar trabajos de esa magnitud en un puerto que continúa operando normalmente. Además, sostuvo que la falta de información técnica puede provocar que los oferentes incorporen márgenes adicionales de incertidumbre en sus presupuestos, encareciendo la obra.
Las críticas también alcanzan al componente ambiental del proyecto. El director de Estudios y Proyectos afirmó que el pliego no contempla exigencias vinculadas al manejo de residuos, la disposición final de materiales retirados ni los procedimientos para prevenir impactos sobre el entorno marítimo. “No han pedido a las empresas un plan de manejo ambiental”, señaló, y remarcó que cualquier intervención dentro de la jurisdicción provincial debe contemplar la participación de los organismos competentes en la materia.
En ese marco, advirtió que la ejecución de la obra podría derivar en controversias entre la Provincia y la Nación respecto de las facultades de control y fiscalización. Según indicó, las áreas técnicas provinciales podrían requerir intervenciones específicas que no fueron contempladas en la documentación licitatoria.
De Gaetano también rechazó la idea de que el puerto se encontrara inactivo respecto de este proyecto antes de la intervención. Explicó que durante los últimos años la principal dificultad había sido la ausencia de fabricantes nacionales capaces de proveer el tipo de defensas requeridas para el muelle de Ushuaia. Sin embargo, aseguró que esa situación comenzó a revertirse recientemente con la aparición de empresas argentinas en condiciones de producir esos elementos.
El funcionario relató que la Dirección Provincial de Puertos ya había iniciado contactos con potenciales proveedores y tenía previsto realizar inspecciones técnicas para verificar la calidad de los materiales antes de avanzar con el llamado a licitación. “Este año ya teníamos todo el tema resuelto y ya estábamos para salir”, afirmó al sostener que el proceso se encontraba en su etapa final cuando se produjo la intervención.
Finalmente, cuestionó la decisión de instalar defensas de igual capacidad en sectores que reciben embarcaciones de características diferentes. Según explicó, esa uniformidad no sólo incrementaría los costos de adquisición sino que podría generar inconvenientes operativos. “Cuando vos colocás una defensa de una resistencia superior al barco que va a amarrar en ese sitio, es perjudicial para el barco”, advirtió al referirse a los riesgos derivados de una selección inadecuada del equipamiento.
80 MILLONES DE PESOS A UNA EMPRESA PORTEÑA PARA HACER UN TRABAJO QUE TIENE EL GOBIERNO PROVINCIAL
En cuanto a la contratación para relevamiento dominial sobre terrenos que corresponden al Estado provincial, con un costo de 80 millones de pesos, denuncian la falta de transparencia, el manejo de recursos millonarios sin controles, las contrataciones controvertidas y las disputas judiciales en la Corte Suprema alimentan un creciente conflicto que trasciende la administración portuaria libertaria y se proyecta sobre la autonomía de Tierra del Fuego.
Por esto mismo, la principal preocupación que hoy rodea a la intervención de la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) en el puerto de Ushuaia no es solamente administrativa. Tampoco se limita a una discusión sobre competencias entre la Nación y la Provincia.
El problema central es la falta de transparencia que envuelve la gestión de uno de los activos estratégicos más importantes de Tierra del Fuego y, por extensión, a la soberanía sobre el Atlántico Sur.
En cualquier sistema republicano, la administración de recursos públicos exige información accesible, rendición de cuentas y control institucional. Sin embargo, distintos sectores políticos, empresariales y sociales fueguinos denuncian que la ANPyN opera bajo un esquema que dificulta el acceso a información esencial sobre el funcionamiento del puerto, la administración de los recursos recaudados y las decisiones que se adoptan diariamente sobre una infraestructura clave para la economía provincial.