Pasados ocho meses de la intervención decretada por la Agencia Nacional de Puertos (ANPYN), trabajadores de distintos gremios del Puerto de Ushuaia advirtieron que reactivarán las medidas de fuerza en el inicio de la temporada estival si no les restituyen sus puestos de trabajo y le devuelven las competencias de gestión y administración a la provincia.
La medida alcanza a casi 140 trabajadores que mantienen el ingreso prohibido al predio portuario y que enfrentan el desvío de los fondos de amarre hacia Nación. Aunque los salario están siendo abonados por la provincia, esto tiene fecha límite y los tiempos se agotan.
El dirigente Franco Gastón Castillo (ATE/DPP) ratificó la vigencia de un amparo sindical presentado por otro gremio (el Sindicato Único de trabajadores de la Administración Portuaria – SUTAP) en la Justicia Federal para frenar la exclusión de personal y el desplazamiento institucional.
“Lamentablemente seguimos desplazados del puerto sin poder reincorporarnos a nuestros puestos laborales. Hay un amparo sindical que esperemos que se resuelva pronto y que se encuentra en el Juzgado Federal de Ushuaia”, aseguró Castillo.
Desde el 20 de enero de 2026, cuando las instalaciones quedaron bajo la órbita de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), a cargo de Iñaki Arreseygor, a través de la resolución 4/2026, un total de 140 trabajadores, que cumplían funciones en el puerto, tienen prohibido el ingreso a su lugar de trabajo.
No solo eso, si no que “Al puerto no pueden ingresar ni el presidente de la institución (de la DPP) [Roberto Murcia], ni el gobernador, ni el tribunal de cuentas«, aseguró Miguel Ramírez, vicepresidente de la Dirección Provincial de Puertos.
Lo curioso que la ejecución de esta prohibición, como así el apalancamiento para que la ANPyN tomara el puerto fueguino, fue realizado por la Prefectura Naval Argentina, sin medida judicial que lo respaldara, solo una resolución administrativa. Para que actuara y actúe, la fuerza de seguridad como «Auxiliar de la Justicia» , debería haber tenido una orden judicial que lo respaldara, y no se pudo comrprobar que existiera.
Varios gremios evalúan iniciar una acción judicial contra el Jefe de la Prefectura del Puerto de Ushuaia, Prefecto Mayor José Carlos Delavalle, por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Castillo junto a Valeria Barría denunciaron la intervención y la situación de los trabajadores de la DPP durante las XIX Jornadas Ferroportuarias 2026, organizadas por la Asociación de Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA).
Durante ese encuentro cuestionaron la participación de la Prefectura Naval en el esquema de intervención impulsado por el Gobierno nacional y volvieron a apuntar contra la presencia del gremio Unión Personal Superior Ferroviario – UPSF – como cómplices de la maniobra nacional.
Artemio Zufriategui Secretario General Adjunto de APDFA informó que, su organización, también tiene abierta una causa – con pedido de medida cautelar – en el fuero laboral, por violación a la tutela sindical, y advirtió que la organización respaldara las medidas que surjan de su seccional local y que tengan como objetivo la reincorporación de los trabajadores y la devolución a la provincia de sus atribuciones sobre el Puerto fueguino.
La justicia no esta respondiendo en tiempo y forma con las presentaciones, y la Corte Suprema de Justicia – donde se encuentra radicado el reclamo realizado por la Provincia de Tierra del Fuego – no tiene plazos para dar respuesta al conflicto.
La falta de resolución con las medidas cautelares (que podrían haber dado una respuesta mas rápida) las que «no son tratadas con la celeridad necesaria», los sindicatos aseguran que están obligando a los trabajadores desplazados a tomar medidas alternativas para visibilizar el problema. En consecuencia, ya han anunciado medidas con el inicio de la temporada de cruceros.