La bandera de la Selección Argentina que renovó el sentimiento malvinero en todos los argentinos, se vio otra vez pisoteada por la «Intervención del puerto de Ushuaia», al permitir que un petrolero de bandera de la Isla de Man – colonia británica utilizada como bandera de conveniencia – ingresara al puerto mas austral de nuestro país.
En la mañana de ayer e conoció el arribo, al puerto de Ushuaia, de un petrolero británico justo en el momento donde mas se tensiona la opinión pública argentina con las actividades extractivas realizadas por el gobierno de ocupación de nuestras Islas Malvinas.
Desde hace meses se viene denunciando la exagerada militarización, por parte del gobierno de Gran Bretaña, del archipiélago contrariando todas las instrucciones de Naciones Unidas, sobre el conflicto que mantiene nuestro país. por ese espacio del Atlántico Sur, con silencio cómplice del gobierno Argentino. A eso se le suma la exploración y explotación petrolera y la licitación de permisos de pesca que han puesto en riesgo el recurso del Calamar Illex en la zona.
Ahora, como un nuevo sopapo al sentimiento malvinero de nuestro pueblo, el Gobierno Nacional, a través de la «INTERVENCIÓN» que desde los últimos días del mes de enero administra el puerto fueguino, autorizó el ingreso y amarre de un buque petrolero británico a sus instalaciones.
El Gobierno de la provincia manifestó su «REPUDIO» a esta medida con un comunicado duro y extenso que transcribimos:
El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur repudia y rechaza enérgicamente la operación de un buque petrolero de bandera del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el Puerto de Ushuaia, actualmente sustraído de la administración provincial como consecuencia de la intervención dispuesta por el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), cuya legalidad ha sido cuestionada por la Provincia ante la Justicia.
Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego —las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes—, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la Provincia a la que esos territorios pertenecen conforme a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial.
La gravedad del hecho resulta aún mayor por las circunstancias en que se produce.
El Gobierno nacional pretendió justificar la intervención del Puerto de Ushuaia invocando, precisamente, su carácter de activo estratégico y la necesidad de resguardar la soberanía y los intereses nacionales en el Atlántico Sur. Hoy, los hechos dejan al descubierto la contradicción entre aquel argumento y la gestión que el Gobierno Nacional lleva adelante una vez desplazadas las autoridades provinciales.
En suma, se intervino el puerto invocando razones de soberanía y, una vez intervenido, se adoptan decisiones incompatibles con la sensibilidad soberana que exige nuestro territorio y el puerto de Ushuaia en particular.
Ushuaia constituye un punto estratégico de primer orden para la Argentina: por su ubicación, por su proyección sobre el Atlántico Sur y por su condición de puerta de entrada a la Antártida, ocupa un lugar central en la defensa de nuestros intereses soberanos y en la presencia argentina en el extremo austral. Las decisiones que se adopten respecto de su puerto no pueden desentenderse de esa realidad geográfica, constitucional y geopolítica.
La defensa de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes no admite dobles discursos ni contradicciones. Constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, consagrado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, y un mandato esencial para todo el pueblo argentino en general y para las autoridades de Tierra del Fuego conforme a la Constitución Provincial, en particular.
Por ello, el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: Reclama al Gobierno nacional que informe de manera inmediata y pública bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación de una embarcación de bandera de la potencia que ocupa ilegalmente parte del territorio provincial en el Puerto de Ushuaia.
Exige el cese de la intervención y la inmediata restitución a la Provincia de la administración de su puerto, sin perjuicio de las acciones judiciales ya promovidas contra una medida que consideramos ilegítima y lesiva de la autonomía provincial.
Advierte que Tierra del Fuego no permanecerá indiferente frente a decisiones adoptadas unilateralmente desde el poder central que comprometan sus competencias, sus recursos y los intereses estratégicos argentinos en el Atlántico Sur.
Convoca a todos los poderes públicos, fuerzas políticas y a la ciudadanía a defender el carácter estratégico del Puerto de Ushuaia y a impedir que la defensa de la soberanía nacional sea reducida a una mera declaración retórica.
La Provincia continuará defendiendo, por todos los medios institucionales a su alcance, sus competencias y los derechos soberanos de la República Argentina en el Atlántico Sur.
La soberanía se ejerce en todos los ámbitos posibles y no se defiende desplazando a Tierra del Fuego del control de su puerto estratégico para después administrarlo de espaldas a los intereses soberanos que se invocaron para intervenirlo.
LEY GAUCHO RIVERO – JUAN AVELLANEDA: “INFORMATE BIEN”
La Ley Gaucho Rivero (Ley provincial N.º 852) es una norma argentina que prohíbe el amarre, la permanencia, el abastecimiento y las operaciones logísticas de buques con bandera británica en los puertos de las provincias con costas en el Atlántico Sur. Niega el ingreso a barcos de bandera británica o de conveniencia que participen en la exploración y explotación de recursos naturales en la cuenca de las Islas Malvinas.
Fue sancionada de forma pionera en provincias como Tierra del Fuego y Buenos Aires, replicándose en otros distritos con litoral marítimo. Fue sancionada en el año 2011.
Juan Avellaneda, integrante y el principal patrocinador de la intervención, respondió a las críticas con una frase que encendió todavía más el rechazo a la medida “Informate bien antes de hablar”.
Avellaneda sostuvo que la Ley Gaucho Rivero no sería aplicable porque, según su interpretación, “opera en la cuenca austral, no en la cuenca Malvinas”, también remarcó que el buque no tiene bandera británica, sino de Isla de Man, lo que marca su profunda ignorancia e incapacidad para manejar la operativa portuaria.
Único argumento expuesto hasta el momento por alguien vinculado a la intervención, PERO FALSA. La Isla de Man es una dependencia autónoma de la Corona británica situada en el mar de Irlanda, entre Gran Bretaña e Irlanda.
En ese marco, tal como publicó El diario del Fin del mundo, «la respuesta de Avellaneda lejos de cerrar la discusión volvió a echarle combustible».
En tanto, pasadas mas de 24 horas del ingreso del buque cuyo objetivo en el Atlántico Sur, es dar apoyo logístico a las tareas que se realizan en las Islas Malvinas, no se ha conocido opinión del Gobierno Nacional, ni de la Jefatura de Gabinete, ni tampoco de la Cancillería Argentina.