El pedido de informes había sido presentado por la Diputada Nacional Agustina Propato el 21 de Noviembre del año pasado y apuntaba a tener, oficialmente, información sobre los contenidos de la Licitación preanunciada por el Jefe de Gabinete.
Propato, al considerar como de importancia estratégica para el desarrollo nacional, la soberanía y la defensa territorial a la Vía Navegable Troncal, había solicitado conocer lo siguiente:
1. Informe qué condiciones respecto del mantenimiento de la Vía Troncal de Navegación se prevén en el pliego de licitación internacional
2. Informe qué condiciones respecto del pago de peaje se prevén en el pliego de licitación internacional
3. Informe cuántas obras de mantenimiento realizó la AGP desde el ejercicio de su control sobre la vía troncal de navegación.
4. Informe cuál ha sido el balance financiero del cobro de peajes de los años 2022, 2023 y 2024.
5. Informe si las provincias ribereñas de la Vía Troncal de Navegación han sido consultadas respecto de la nueva licitación internacional y nueva concesión de la misma
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Entre sus fundamentos, la legisladora nacional, resalta que «las provincias ribereñas no han tenido ninguna intervención ni opinión sobre las condiciones y alcances de esta nueva concesión, pese a que la misma afecta directamente a sus intereses locales«.
Asimismo Propato recordó que «El vencimiento de los contratos de concesión sobre la Vía Navegable Troncal operó en abril de 2020, lo cual ofreció la oportunidad histórica de rediscutir por parte del Estado argentino la existencia del riesgo que implica para la soberanía nacional sostener la concesión a empresas privadas del manejo de nuestras vías navegables estratégicas, como lo vienen sosteniendo diversos sectores industriales, sindicales y de la sociedad civil».
La legisladora nacional por UXP aprovecho la oportunidad para resaltar que «estamos convencidos que el control estatal sobre nuestra Vía Navegable Troncal por parte del Estado representa el mejor interés para la Argentina en pos de preservar su soberanía nacional sobre nuestro territorio y sobre nuestros recursos naturales y estratégicos«.
El pedido de informes presentado por Agustina Propato, jamás fue respondido por el Ejecutivo Nacional, que sin embargo siguió adelantare con un «sospechoso» proceso licitatorio, cuya habilitación surgió del juez federal de turno, Enrique Lavie Pico, que rechazó una medida cautelar interpuesta por la empresa Dredging Internacional (DEME).
En términos generales, el rechazo, se fundamenta en que no había operado el proceso cuestionado. En consecuencia, con la apertura de sobres el próximo 12 de febrero, podrían presentarse firmas que hubieran entendido vulnerados sus legítimos intereses, como el gigante CCCC, respaldado por el gobierno chino, que argumenta que «excluir a compañías con accionistas estatales atenta contra la competencia justa«.