La definición de la nueva concesión de la vía Navegable Troncal, entró en la etapa final para la adjudicación de la obra, y uno de los principales protagonistas del proceso sumó un movimiento político y empresarial de alto impacto.
Directivos globales de Jan De Nul, la firma con mayores posibilidades de adjudicarse la operación de la Vía Navegable Troncal (VNT), fueron recibidos este jueves por el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas.
La principal preocupación de Estados Unidos es que la casi segura adjudicataria de la obra, tenga escondido capitales chinos en su armado societario o en vinculación con proveedores de la principal licitación del estado argentino.
El encuentro se produjo mientras el Gobierno nacional se prepara para definir quién operará durante los próximos 25 años ( + 5) la principal vía fluvial del país, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas.
A través de un comunicado, la empresa belga confirmó la reunión y señaló que el diplomático estadounidense escuchó “de primera mano” los planes del consorcio para la futura concesión de la hidrovía, pero trascendió que además fue asegurare a Lamelas, que de ninguna manera hay alguna vinculación directa o indirecta con el país asiático.
Jan De Nul compite en la licitación internacional junto a la también belga DEME. Ambas compañías igualaron la oferta económica mínima permitida, fijada en un peaje inicial de USD 3,80, que irá aumentando en la medida que se vallan logrando las profundidades establecidas en el pliego, aunque Jan De Nul quedó mejor posicionada gracias a la ventaja técnica obtenida en la evaluación previa.
Según trascendió, el Gobierno anunciaría la adjudicación a Jan de Null formalmente durante las próximas semanas, a pesar de las causas judiciales iniciadas por distintos actores de la actividad, inclusive por la empresa competidora DEME.
Este hecho, sumado a la presencia del «asesor» presidencial Santiago Caputo en Estrados Unidos, no hace mas que confirmar la dependencia absoluta de nuestros derechos soberanos sobre el Río Paraná, a los intereses de Donald Trump en Sudamérica.