Las principales empresas del sector naviero difundieron un duro informe contra la apertura del cabotaje a operadores extranjeros impulsada por el Gobierno.
De esta manera, el documento titulado «Cabotaje Marítimo y Fluvial en Argentina-Análisis de Desregulación» sostiene que una eventual apertura del transporte marítimo y fluvial de cabotaje a operadores extranjeros podría generar impactos significativos sobre la recaudación fiscal, el empleo, la industria naval y la capacidad estratégica del Estado argentino.
Advierten que la medida podría provocar una fuerte caída de la recaudación fiscal, afectar miles de puestos de trabajo y poner en riesgo a la industria naval argentina.
El documento recuerda que el régimen vigente, sustentado en la Ley de Navegación y en el Decreto-Ley 19.492/72, establece la reserva del cabotaje para buques de bandera argentina, un esquema que los autores comparan con la denominada Jones Act de Estados Unidos.
Además, sostienen que permitir el ingreso de buques extranjeros con tripulaciones de otros países debilitaría la marina mercante nacional y la capacidad estratégica de la Argentina en el Atlántico Sur.
También expresaron preocupación por la posible llegada de la naviera china Cosco al mercado de cabotaje local con tarifas de dumping y personal extranjero.
Entre los efectos señalados figuran la pérdida de empleo formal, una reducción de aportes previsionales y un debilitamiento de los sistemas de formación y renovación de personal marítimo. Además, sostiene que cada empleo directo en el sector genera entre tres y cinco puestos indirectos en actividades vinculadas, como logística portuaria, talleres navales, seguros y servicios especializados, por lo que el impacto se extendería a numerosas economías regionales.