La Secretaría de Trabajo tiene 30 días para poner en marcha el proceso previsto en la reglamentación. En el Ejecutivo aseguran que la adecuación de acuerdos vencidos será gradual y destacan que varios gremios ya comenzaron conversaciones para actualizar sus convenios.
La reglamentación de la ley de modernización laboral abrió una nueva etapa en la relación entre el Gobierno, los sindicatos y el sector empresario. Tras la publicación de la normativa, la Secretaría de Trabajo iniciará en los próximos días el proceso de convocatoria para la revisión de convenios colectivos vencidos, una de las modificaciones más relevantes del texto.
Fuentes oficiales consultadas por este medio señalaron que se trata de «un proceso paulatino» y remarcaron que la reglamentación otorga un plazo de 30 días para iniciar formalmente las convocatorias.
La expectativas se centra alrededor de una eventual ofensiva inmediata sobre alrededor de 150 convenios colectivos considerados vencidos. La reglamentación establece mecanismos para revisar acuerdos que no fueron actualizados integralmente y adecuarlos a nuevas condiciones productivas, tecnológicas y laborales.
Dentro del Ejecutivo sostienen que el objetivo no es imponer cambios desde el Estado sino generar un marco para que empleadores y sindicatos renegocien condiciones que, en algunos casos, fueron diseñadas para realidades económicas y productivas muy distintas a las actuales. La apuesta oficial es que las partes alcancen acuerdos sectoriales que luego puedan ser homologados por la autoridad laboral.
La ley de Modernización Laboral y su reciente reglamentación obligan a revisar los convenios colectivos de trabajo que se encuentren vencidos. Para ello, la Secretaría de Trabajo deberá convocar en un plazo de 30 días a sindicatos y cámaras empresarias para que renegocien esos acuerdos.
La norma también fija criterios para considerar vencidos a aquellos convenios que no tengan una fecha expresa de finalización, un punto que alcanza a numerosos acuerdos que se mantienen vigentes desde hace años por ultraactividad.
Según la interpretación del Gobierno, el objetivo es adecuar acuerdos negociados bajo realidades productivas diferentes y promover una nueva ronda de negociación colectiva entre empresas y gremios.