El Reino Unido calificó de “inaceptables” las sanciones argentinas a empresas que operan en Malvinas

El Gobierno británico rechazó las medidas impulsadas por Argentina contra empresas e individuos vinculados con actividades comerciales e hidrocarburíferas en las Islas Malvinas y las calificó de “inaceptables” y “sin justificación legal”.

La posición fue expresada el pasado jueves por la subsecretaria parlamentaria británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, a través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo.

Desde la diplomacia británica reafirmaron el dominio sobre el archipiélago austral y defendieron el derecho a explotar los recursos naturales bajo la figura de la autodeterminación. Kumaran remarcó que la red diplomática de su país respaldará plenamente a las compañías y particulares que entablen vínculos comerciales en la zona. Asimismo, la autoridad británica calificó como ilegítimo cualquier intento de utilizar organismos internacionales para presionar al sector privado.

El pronunciamiento se conoció luego de que el Gobierno argentino enviara al Congreso el proyecto de Ley de Soberanía Nacional, que propone ampliar el régimen de sanciones para actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en zonas que Argentina considera bajo su soberanía.

La tensión también se relaciona con el proyecto petrolero Sea Lion, sobre el cual la Justicia Federal de Río Grande dictó recientemente una medida cautelar que ordenó a empresas vinculadas al proyecto abstenerse de iniciar o continuar determinadas obras.

La Cancillería argentina, por su parte, sostiene que las actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos se realizan sin autorización argentina y reafirma el reclamo de soberanía sobre el archipiélago.

La firme postura de ambas administraciones vuelve a tensar las relaciones diplomáticas bilaterales a expensas de la soberanía y la explotación de recursos en el Atlántico Sur. Mientras el Palacio de Westminster promete blindar legalmente las inversiones privadas en las islas, el Palacio de Gobierno argentino ajusta el texto normativo que enviará al ámbito legislativo. El cruce discursivo mantiene bajo alerta al escenario político internacional.

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