Gerentes de la AGP denunciados penalmente por una veintena de trabajadores

José Beni (ex interventor de la AGP), Diego Salom (Gerente de Planificación Estratégica) y Cristian Rigueiro (Sub Gerente General) junto a otros 9 funcionarios jerárquicos de la Administración General de Puertos fueron denunciados penalmente por una veintena de trabajadores del organismo que conduce Gastón Alejo Benvenuto.

La denuncia penal fue realizada por «la posible comisión del delito de libertad de asociación previsto en el art. 158 del Código Penal, sin perjuicio de la calificación legal que a criterio de V.S. los referidos sucesos pudieran merecer». Que dice este artículo «Será reprimido con prisión de un mes a un año; el obrero que ejerciere violencia sobre otro para compelerlo a tomar parte en una huelga o boycott. La misma pena sufrirá el patrón, empresario o empleado que, por sí o por cuenta de alguien, ejerciere coacción para obligar a otro a tomar parte en un lock-out y a abandonar o ingresar a una sociedad obrera o patronal determinada».

En la denuncia, que tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal Correccional N° 4, se relatan una serie de testimonios de trabajadores que fueron perseguidos y sancionados, por no acatar instrucciones de los denunciantes, referidas a la desafiliación al gremio de los jerárquicos ferroportuarios Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA – conducida por Adrián José Silva) para afiliarse a un gremio con simple inscripción de otra actividad conocido como Unión Personal Superior de Ferrocarriles (UPSF – Conducido por Carlos Neme).

Los testimonios generalizados de los denunciantes comienzan en el año 2020, con la creación de una agrupación (Lista Verde y Blanca) interna del gremio de los ferroportuarios, donde tanto Diego Salom (candidato a Secretario General de la Seccional Puerto Capital), su hermano Leonardo Salom (Responsable del área jurídica del Puerto de Dock Sud y candidato a Secretario General) y José Beni, formaban parte de la lista que se presentaría como oposición en los comicios, que finalmente se realizaron en el mes de marzo del 2022.

Los relatos cuentan como en forma personal y a través de otros gerentes, los trabajadores eran obligados a asistir a asambleas so pena de ser sancionados, o de no ser beneficiados por las líneas gerenciales. Es mas, se da cuenta del ingreso, en meses y años previos, de mas de 300 trabajadores con cargos jerárquicos, afiliados en forma automática, con el simple objetivo de votar en las elecciones.

En el año 2022, la lista encabezada por los mencionados pierde las elecciones a nivel nacional y recurre a la justicia. El 31 de mayo de 2023, «la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, emitió sentencia definitiva, rechazando la demanda promovida por los Salom, y confirmando el resultado de los comicios».

A partir de allí se comienza con una campaña «violenta» de desafiliación donde se les obligaba a presentar «Cartas Documentos de renuncia» a su afiliación al gremio ferroportuario y simultáneamente se les repartían las fichas de afiliación a la UPSF.

Según cuentan los denunciantes, aquellos trabajadores que se negaban a renunciar o a afiliarse al nuevo sindicato (UPSF) eran corrido de sus cargos, suspendidos sus relevos de categorías, o no podían acceder a promociones, mientras que los «obedientes« recién ingresados eran promovidos a cargos directivos y gerenciales.

El corolario de la persecución denunciada, se manifiesta cuando, en enero del 2024, asume como nuevo interventor en la AGP, nombrado por LLA, Gastón Alejo Benvenuto (hombre cercano al Jefe de Gabinete, Nicolás POSSE y al Secretario de Empresas y Sociedades del Estado, Mauricio Miguel GONZÁLEZ BOTTO), cuya primer medida concreta es enviar telegramas de despidos a más de 50 trabajadores afiliados o referenciados con el APDFA. La lista se ampliaría en el mes de marzo con otros 97 despidos que también mostraban las mismas características.

Conocida la presentación judicial, en forma inmediata, las autoridades de APDFA, dieron a conocer un comunicado donde manifiestan, que ante la gravedad de los hechos denunciados pedirán ante la justicia presentarse en calidad de «querellantes en sede penal» en la causa.

Por su parte Benvenuto, en el mes de abril de este año, aprueba la nueva estructura organizativa de la AGP, y sorprendentemente mantiene y jerarquiza, tanto a José Beni, como a Diego Salom y a Cristian Rigueiro, como también al resto de los funcionarios mencionados en la causa, mostrando algún grado de desconocimiento o, en su caso, complicidad con los denunciados.

Esta denuncia se da cuando en los últimos meses se detectaron varias irregularidades, que fueron expuestas por la prensa, pero que ningún fiscal tomo de oficio para ser investigada, por ejemplo la concesión a BUQUEBUS, la contratación de un edificio en Puerto Madero, o la prórroga de los contratos a las TERMINALES TRP S.A. Y TERMINAL 4 S.A.

Finalmente el Juzgado Federal en lo Criminal Correccional N° 4, tendrá en sus manos determinar, no solo el grado de responsabilidades, sino que también deberá dilucidar si las actitudes tomadas por los denunciados no confieren alguno otro delito enmarcado en el código penal.