La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su rechazo a la reglamentación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y cuestionó los cambios vinculados al funcionamiento sindical, la negociación colectiva y la representación gremial.
A través de un comunicado titulado “La libertad sindical no se reglamenta por decreto”, la central obrera advirtió que el Poder Ejecutivo busca avanzar sobre derechos, instituciones y garantías que forman parte del sistema de relaciones laborales en la Argentina.
Las medidas reglamentadas por el Gobierno, incorporan modificaciones sobre convenios colectivos, asociaciones sindicales, plataformas digitales de reparto y movilidad, empresas de servicios eventuales y otros aspectos de la relación laboral.
Para la CGT, el Ejecutivo no se limitó a instrumentar normas vigentes, sino que introdujo disposiciones que alteran el espíritu y el alcance de leyes laborales y sindicales que, según la central, solo pueden ser modificadas por el Congreso.
La central obrera sostuvo que resulta inadmisible que el Gobierno avance con una reglamentación cuando parte de la reforma laboral continúa cuestionada judicialmente y sometida a debate sobre su constitucionalidad. En ese marco, la CGT planteó que el Poder Ejecutivo se arroga facultades que corresponden al Congreso y que esa decisión vulnera el principio de división de poderes.
La CGT denunció que las nuevas disposiciones implican una intromisión en la vida interna de las organizaciones sindicales y afectan principios reconocidos por la Constitución Nacional y por convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo.
La central remarcó que la autonomía sindical, la libre organización y el derecho de los trabajadores a darse sus propias formas de representación no pueden quedar sujetos a la discrecionalidad del gobierno de turno.
La CGT resalta que se establecen criterios para casos de superposición de personerías gremiales. En esas situaciones, la entidad que busque desplazar a otra deberá superar al menos en un 5% la cantidad de afiliados cotizantes.
Otro punto sensible es el crédito horario sindical. La reglamentación dispone que determinadas actividades gremiales deberán ser informadas con al menos 48 horas de anticipación y deberán ser compatibles con la continuidad operativa del establecimiento.
Al conflicto se le suma a una discusión judicial todavía abierta. La central obrera ya había impulsado presentaciones contra distintos artículos de la reforma laboral y mantiene cuestionamientos sobre su constitucionalidad.
En el comunicado, la central sindical dejó planteado que buscará frenar los aspectos que considera regresivos y que dará la pelea en todas las instancias disponibles.