Un documento de la Prefectura Naval Argentina demuestra la arbitrariedad de la intervención del puerto de Ushuaia por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). La medida adoptada por el Gobierno Nacional mediante la Resolución Nº 4/2026-ANPyN quedó desacreditada.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) procedió a «intervenir» el Puerto de Ushuaia en una acción sin precedentes desde la sanción de la Ley de Puertos en el año 1992. La resolución se fundamentaba en tres pilares importantes 1) El desvío de fondos del puerto en otras cuestiones ajenas a la actividad – expresamente prohibido por la ley; 2) La deficiencia estructurales de un sector de muelles; y 3) En cuestiones de inclumplimiento con medidas de Seguridad Internacional.
La primera quedó desacreditada a partir que, si bien la legislatura provincial había sancionado una Ley que le permitía hacer uso de los fondos para asignarlos como préstamo a la Obras Social de la Provincia, al fin de cuentas el Gobernador Melella, jamás había transferido esos fondos.
La segunda, ya se había elaborado el plan de obras para el acondicionamiento de los muelles y la ANPyN estaba al tanto. Tierra del Fuego tiene normalizado por ley la prohibición de hacer obras al aire libre, de hormigón, desde abril a septiembre por las bajas temperaturas. Las mejoras estaban proyectadas fuera de la temporada de cruceros. Igualmente no impedían el normal funcionamiento de la terminal portuaria por que se trataba de «mejoras». De hecho quedó demostrado ya que la intervención siguió operando en las mismas condiciones estructurales que la administración provincial.
La respuesta al tercer cuestionamiento surge de la documentación emitida por la Prefectura Naval Argentina – en su carácter de Autoridad de Aplicación – que certifica que el Puerto estaba en condiciones de Seguridad Internacional apto para funcionar.
Se trata de un certificado fechado el 14 de enero de 2026 – apenas 7 días antes de la intervenciòn – que declara a la terminal portuaria como apta y segura para operaciones de buques contenedores, turísticos y pesqueros, tras cumplir con las normas de seguridad vigentes.
El dato dá por tierra con lo expresado por la ANPyN para la intervención del puerto ya que argumentaba exactamente lo contrario: que no se garantizaban condiciones de seguridad y que existía un riesgo para el interés público.
Según trascendió, el documento no habría sido notificado formalmente a la Dirección Provincial de Puertos, sino que apareció por vías informales. A esto se suma otro elemento llamativo: el certificado original figura como extraviado, por lo que actualmente circula un duplicado.
En ese contexto, se señala que la propia ANPyN contaría con ese mismo certificado desde el 21 de enero, fecha en la que se concretó la intervención, lo que profundiza las dudas sobre los fundamentos utilizados para justificar la medida.
Las críticas apuntan a una clara contradicción entre organismos nacionales y a la falta de claridad en el proceso. Desde sectores provinciales advierten que el documento debilita el argumento central de la intervención y da mayores certezas sobre la ilegitimidad de la resolución.
Es obvio que el conflicto se inscribe en una disputa más amplia por el control y la administración de los recurso, en un escenario donde aún se esperan definiciones por parte de la Suprema Corte de Justicia, donde debiò recurrir la Provincia de Tierra del Fuego, para accionar contra el Gobierno Nacional.
Fuentes consultadas en la gobernación fueguina aseguran que los certificados serán presentados en la CSJ. como un «hecho nuevo» y requiriendo la «urgente resolución» del planteo que deja al Gobierno Nacional muy mal parado al caerse los argumentos que originaron la intervención.