Los gremios SICONARA, SOMU y STIA emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su preocupación por la situación laboral y productiva vinculada a la empresa CONARPESA-AGROPEZ-WOFCO, y anunciaron que se encuentran en estado de alerta y movilización.
Según el documento difundido este 21 de julio en Rawson, las organizaciones sindicales señalaron como problemática común lo que calificaron como un “abuso constante” por parte de la empresa. En ese sentido, denunciaron la ausencia de garantías por parte de las Secretarías de Trabajo y de Pesca de la provincia del Chubut.
Entre los reclamos planteados, los gremios mencionaron excedentes de kilos en las descargas de pescado fresco, presuntos incumplimientos de la Ley de Contrato de Trabajo y de los convenios colectivos, además de supuestas incongruencias en las liquidaciones correspondientes a la flota congeladora.
El comunicado también advierte sobre represalias contra trabajadores de planta y embarcados, así como sobre despidos que consideran injustos.
Frente a este escenario, las entidades sindicales cuestionaron la actuación de las autoridades responsables de garantizar la simetría entre las partes y reclamaron respuestas inmediatas.
Finalmente, los gremios indicaron que, de no obtener soluciones, coordinarán acciones directas en los puertos y plantas de la provincia del Chubut, dejando planteada una posible escalada del conflicto en el sector pesquero.
La medida refleja un creciente nivel de tensión entre las organizaciones sindicales y la empresa, mientras los trabajadores aguardan respuestas de los organismos provinciales competentes.
EL CASO CONARPESA UN TEMA PREOCUPANTE EN LA PATAGONIA
Conarpesa mantiene un fuerte conflicto con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) marcado por la falta de incorporación de trabajadores de temporada, la toma de instalaciones y cesantías masivas.
La empresa ratificó despidos, presentó denuncias penales y evitó presentarse a las audiencias de conciliación, El presidente de la firma, Fernando Álvarez Castellano, confirmó acciones legales contra la conducción del gremio tras la toma de las oficinas administrativas en la planta de Puerto Madryn.
Ante la conflictividad en Chubut, la firma optó por derivar la descarga de materia prima y operar con redireccionamiento de flota hacia otros puertos patagónicos como los de Santa Cruz.